La Policía Nacional investiga fraudes en el empadronamiento en Melilla.
Los afectados mantenían su inscripción en el padrón del CETI tras abandonar la ciudad para beneficiarse de bonificaciones en el transporte; las sanciones pueden alcanzar los 10.000 euros
La Policía Nacional ha incoado un total de 514 expedientes sancionadores a ciudadanos extranjeros en Melilla por infracciones a la normativa de extranjería relacionadas con fraudes en el empadronamiento. Las actuaciones se dirigen contra solicitantes de asilo que, una vez habían abandonado la ciudad autónoma, mantenían su empadronamiento en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) con el objetivo de beneficiarse de las bonificaciones al transporte.
La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF), dependiente de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Melilla. Según ha informado la Policía Nacional, las infracciones derivan de la omisión, retraso, ocultación dolosa o falsedad grave en la comunicación a las autoridades españolas de cambios relevantes en las circunstancias personales de los solicitantes.
Los expedientes afectan a personas que, tras presentar su solicitud de protección internacional en Melilla, estaban obligadas por la normativa vigente a permanecer en la ciudad durante al menos 30 días desde la entrevista de asilo. Durante ese periodo eran acogidas en el CETI. Sin embargo, una vez superado el plazo y tras regresar a la península u otros puntos del territorio nacional, muchos mantuvieron su empadronamiento en el centro para seguir disfrutando de determinadas ventajas administrativas y económicas, especialmente en materia de transporte.
Esta situación se enmarca en el incremento exponencial de solicitantes de asilo registrado en Melilla desde octubre de 2023, cuando numerosos extranjeros que se encontraban en otros lugares de España decidieron desplazarse a la ciudad al conocer que los plazos de espera para formalizar la solicitud eran más reducidos que en la península.
Las infracciones detectadas conllevan sanciones económicas que oscilan entre los 500 y los 10.000 euros. Además, a través de la Dirección General de Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla, se ha instado la baja en el padrón municipal de habitantes de todas las personas afectadas por estos expedientes.
La Policía Nacional ha recordado que la UCRIF tiene como objetivo principal combatir las actividades delictivas relacionadas con la inmigración irregular y la falsificación documental, así como colaborar con otros organismos nacionales e internacionales en la lucha contra la trata de seres humanos y el fraude en materia de extranjería.
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