La Plataforma de Interinos de la Ciudad Autónoma de Melilla quiso recordar a Gloria Rojas, consejera de Presidencia y Administración Pública, de “la preceptiva obligación de las Administraciones Públicas de vincular al Concurso de Méritos todos los puestos a que se refieren la Disposición Adicional Sexta y Disposición Adicional Octava de la Ley 2020/2021 de 28 de diciembre”.
Hasta el momento, según aseguran, “la Administración solo está incluyendo en las Ofertas por Concurso a los empleados públicos afectados por la Disposición Adicional Sexta, esto es, aquellas plazas ocupadas con carácter temporal, de forma ininterrumpida, con anterioridad al 1 de enero de 2016”.
Sin embargo, como apuntan, se están “excluyendo en las ofertas por Concurso a los Empleados Públicos afectados por la Disposición Adicional Octava, esto es, todas aquellas plazas de carácter estructural que están ocupadas por personal con una relación temporal con la Administración empleadora anterior a 1 de enero de 2016, aunque la plaza no esté ocupada con empleados públicos temporales con anterioridad al 1 de enero de 2016”, explicaron.
También advierten que estos trabajadores públicos, afectados por la Disposición Adicional Octava, “han comunicado que no aparecen en los listados provisionales que la Administración está negociando con los Sindicatos”. No obstante, inciden en que la misma Secretaría de Estado, en un informe de Orientaciones sobre la Ley 2020/2021, especificó que “todos los trabajadores públicos afectados por Disposición Adicional Octava la Ley 2020/2021 deben incluirse sin excepción”.
La Plataforma de Interinos de la CAM instan a Gloria Rojas a que cumpla con “los parámetros de acceso al Concurso”, que, a su juicio, “están muy bien establecidos por la ley y señalan que de no cumplir con la Disposición Adicional Octava se dejaría a estos trabajadores públicos en un estado de indefensión, pues teniendo un derecho legítimo otorgado por ley, se les apartaría de obtenerlo”, indicaron.
En definitiva, los afectados solicitan a la consejera que “cumpla escrupulosamente la ley para que todos los empleados públicos afectados, sin excepción, puedan estabilizar su puesto de trabajo de acuerdo a la ley vigente”.
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