La Plataforma de Empleados Públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla ha intensificado su protesta contra el Gobierno local, exigiendo igualdad en la valoración de puestos de trabajo y cuestionando las recientes decisiones que afectan a la Policía Local. José Emilio Carrasco, portavoz de la plataforma, ha detallado la situación actual y las demandas de los empleados públicos.
Carrasco asegura que la Plataforma nació a raíz de un acuerdo entre el Gobierno local y los sindicatos para incrementar el salario de la Policía Local en unos 500 euros, una cifra que coincide con una promesa electoral realizada por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, en 2019. De esta forma, denuncia que esta subida representa un agravio comparativo con el resto de los empleados públicos, que no han recibido un tratamiento equitativo.
«El acuerdo que se llevó a cabo a finales de junio generó una gran preocupación entre los empleados públicos», ha explicado Carrasco. «El aumento previsto para la Policía Local no solo incumple el principio de igualdad, sino que también contrasta con la falta de avances en la valoración de puestos para el resto de los empleados de la ciudad».
Ha destacado que el Gobierno se ampara en una sentencia judicial de noviembre de 2023 que exige una revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), pero que no se ha cumplido adecuadamente. La sentencia, según Carrasco, no menciona específicamente a la Policía Local, pero el Gobierno ha utilizado esta como justificación para la subida salarial del colectivo.
Además, el portavoz de la plataforma ha criticado la falta de transparencia en el proceso de valoración de puestos. La valoración realizada por el gobierno anterior en 2023 aún no ha sido publicada ni aplicada, lo que, según Carrasco, sugiere una falta de seriedad en la gestión del asunto. La plataforma exige que cualquier nueva valoración de puestos de trabajo sea pública, con criterios claros y una participación adecuada de los sindicatos.
«Todos queremos jugar con las mismas reglas», ha subrayado Carrasco. «No puede ser que se utilicen criterios diferentes para valorar los puestos de trabajo de unos colectivos y otros. Exigimos una valoración justa y equitativa para todos».
La Plataforma ha solicitado también la paralización del acuerdo de junio hasta que se resuelvan las discrepancias y se garantice un trato igualitario. Carrasco advirtió que la aprobación del acuerdo podría tener implicaciones contables, ya que podría adulterar el presupuesto general de este año.A pesar de las dificultades, Carrasco aseguró que la plataforma continuará con sus movilizaciones, aunque con menor frecuencia durante el verano. Anunció que seguirán presentando escritos y mantendrán la presión sobre el Gobierno para que se cumplan sus demandas.
«Estamos decididos a llegar hasta el final, incluso si eso significa recurrir a la justicia», concluye Carrasco. «La administración pública de Melilla no puede funcionar con desigualdades tan evidentes entre sus empleados. Todos merecemos ser tratados con equidad y respeto».
La situación sigue evolucionando, y tanto la Plataforma de Empleados Públicos como el Gobierno local están en el centro de un debate que promete continuar en las próximas semanas.
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