Alberto González Amador ha documentado este jueves ante la jueza Inmaculada Iglesias con detalle y «total transparencia» los ingresos obtenidos de Quirón Prevención y ha negado su ocultación a través de una supuesta sociedad instrumental para evitar la tributación ante Hacienda, han informado fuentes jurídicas.
La declaración se enmarca en la pieza separada abierta el pasado mes de octubre por la posible comisión de delitos de corrupción en los negocios y administración desleal diferentes a los que se instruyen en la causa principal sobre un presunto fraude fiscal.
La comparecencia se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara esta investigación impulsada por la acusación popular que representa al PSOE y a Más Madrid. Se trata de la primera vez que el empresario declara ante la magistrada.
Durante su declaración, que se ha prolongado durante dos horas y media, el novio de Ayuso ha detallado con documentación en mano todos los ingresos de Quirón, negando que los ocultara y defendiendo la legalidad de los mismos.
Además, González Amador ha señalado que la inspección fiscal de Hacienda «jamás» pidió los contratos de distribución de la empresa ‘Círculo de Belleza’, adquirida por medio millón de euros a la mujer de un directivo de Quirón Prevención en el marco de una operación objeto del procedimiento judicial.
En su comparecencia, solo ha contestado a la jueza, a sus letrados y al fiscal, negándose responder a las preguntas de las acusaciones populares por consejo de sus letrados. La defensa ha solicitado la expulsión del PSOE y Más Madrid del procedimiento judicial.
El novio de Ayuso compareció el pasado 24 de febrero ante la magistrada como investigado en la pieza principal, si bien se acogió a su derecho a no declarar por consejo de sus abogados hasta que este recurso se resolviera al afectar a la causa que se instruye por dos delitos fiscales.
Los magistrados estimaban que en el presente «momento procesal resulta procedente la sustanciación del proceso en orden a esclarecer si los hechos objeto de la pieza separada abierta pueden ser constitutivos de infracción penal».
«Las operaciones económicas y jurídicas realizadas, podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta», señalaban los jueces.
La magistrada acordó el pasado mes de octubre abrir una investigación aparte del procedimiento principal por el supuesto uso de una sociedad instrumental para «ocultar unos ingresos» del Grupo Quirón que debían haber sido declarados.
Y lo hizo al estimar de forma parcial un recurso de reforma interpuesto por el PSOE y Más Madrid contra el auto en el que la jueza denegó el pasado 31 de julio todas diligencias interesadas por esta parte que ejerce la acusación popular.
La pieza separada se abría para investigar posibles nuevos delitos «en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L –empresa de Alberto González Amador– y su cliente Quirón Prevención S.L».
La resolución analizaba «si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad interpuesta Materman SL para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona S.L. pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados».
La acusación popular entendía que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber «una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención».
Entiende que podría tratarse de «una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS Products, SL e Inteconn, INC ya que como resultado de esas operaciones, Maxwell facturó a ambas empresas 2.021.900 euros en 2020».
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