La oposición planta al Gobierno en la Asamblea por su rechazo a convocar la Junta de Portavoces

Los tres grupos de la oposición en la Asamblea de Melilla dieron plantón ayer Gobierno en la sesión ordinaria que estaba convocada, después de que se les hubiera rechazado su petición para que se convocara urgentemente una Junta de Portavoces tras los registros de la Guardia Civil del miércoles en dependencias municipales. Esta petición fue aceptada ayer a última hora por el Ejecutivo, que ha convocado una Junta de Portavoces el lunes a las 9.30 horas. Los tres grupos querían que la Junta de Portavoces solicitada se celebrara antes del pleno, y así lo especificaron en una petición conjunta. Sin embargo, la vicepresidenta primera de la Asamblea, Cristina Rivas, les informó de que el Reglamento de la Cámara otorga un plazo de tres días para hacer la convocatoria desde que se registra la solicitud. El lunes a las nueve y media, día y hora a la que se ha convocado finalmente, se cumplirá dicho plazo de 72 horas.

Tal y como especificaban en el escrito, ante esta primera negativa del Ejecutivo a celebrarlo antes del Pleno, los grupos Coalición por Melilla (CPM), PSOE y Populares en Libertad (PPL) decidieron no asistir a la sesión ordinaria al considerar que contenía asuntos cuya resolución no es de carácter urgente ni inmediata.

Los diputados de la oposición se quedaron fuera del Salón de Plenos, a escasos metros de la puerta de entrada esperando a que finalizara la sesión, mientras en su interior estuvo presente únicamente el PP, que votó en solitario los dos únicos puntos que estaban en el orden del día. Concretamente, la aprobación del nuevo reglamento sobre las licencias exprés para obras menores, y la declaración institucional del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El presidente de la Asamblea, Juan José Imbroda, antes de levantar la sesión, pidió al interventor de la Ciudad Autónoma que no se prestara a la “confusión” y tuviera en cuenta que los tres grupos de la oposición no asistieron al pleno, de modo que no tienen derecho a percibir las dietas correspondientes.

Minutos más tarde, los tres grupos de la oposición celebraron una rueda de prensa conjunta en la que consideraron que este apunte de Imbroda sobre las dietas era “ridículo” y una muestra de “simpleza”, máxime cuando los diputados de la oposición “no dependen” de ellas, “al contrario que los miembros del Gobierno, que dependen de los 4.000 euros que cobran al mes”.

“Podía esperar”
El portavoz de CPM, Hassan Mohatar, argumentó la ausencia de los tres grupos al considerar que la situación actual es “lo suficientemente grave como para ir a un pleno ordinario que perfectamente podía esperar”, al tiempo que opinó que la Junta de Portavoces era “lo mínimo que podía hacer este Gobierno” para hablar de la Operación Ópera.
“Prácticamente todas las consejerías están bajo sospecha”, dijo Mohatar, que consideró insuficiente el hecho de que Imbroda les haya enviado únicamente el auto del Juzgado de Instrucción número 4 ordenando los registros. “Necesitamos más que nunca que el presidente se siente a darnos explicaciones en un tema gravísimo, porque está en tela de juicio la institución”, aseveró Mohatar, al que se unió el portavoz socialista, Gregorio Escobar, apuntando que los ciudadanos “merecen una explicación” porque “la gravedad de los asuntos así lo exige”.

Así, insistió en que el Ejecutivo debe informar de las medidas que tomará para “devolver la confianza” en la institución a la hora de gestionar el dinero público y la contratación ante las “acusaciones graves” que contempla el auto de la Operación Ópera. También acusó al Gobierno de pretender dar “una imagen de normalidad” con este pleno, una opinión que compartió el portavoz de PPL, Julio Liarte, para quien el pleno iba a tratar temas “que no tienen importancia o urgencia y podían esperar”. A su juicio, lo importante ahora es “ofrecer una respuesta, calma y tranquilidad” a los ciudadanos.

“Personas anárquicas”
Poco después, en otra comparecencia de prensa, el vicepresidente de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín, ofreció la valoración del Gobierno sobre la ocurrido en la Asamblea. Así, calificó como “un espectáculo lamentable” la ausencia de la oposición en el pleno de la Asamblea celebrado ayer, y recordó que el presidente tiene un plazo de tres días estipulado en el Reglamento para convocar una Junta de Portavoces cuando se registra una solicitud como la de ayer.

Para Marín, los diputados de la oposición son “personas anárquicas que no respetan el Estado de Derecho” y pretenden “hacer una imposición al presidente de la Ciudad Autónoma que no viene recogida en ningún texto legal”, al tiempo que rechazó las críticas por la Operación Ópera porque “no es nada nuevo que juzguen antes que los tribunales de Justicia”.

En cualquier caso, dijo que “están desautorizados” cuando piden dimisiones de miembros del Gobierno, ya que recordó que en los partidos de la oposición hay más de 20 imputados por la presunta comisión de varios delitos por el caso voto por correo.

Solo entre los dos diputados socialistas, apuntó Marín, hay siete presuntos delitos que se les imputa, concretamente delito electoral contra la Administración Pública, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude, obstrucción a la justicia y falsedad documental. Y pese a todo, recordó que no han dimitido de sus actas de diputados, por lo que consideró que el PSOE no debe pedir al Gobierno que aparte a los imputados en la Operación Ópera si sus propios representantes en la Asamblea tampoco lo han hecho. “No tienen la más mínima autoridad ética ni moral para pedir la dimisión de nadie”, concluyó.

Acceda a la versión completa del contenido