Los tres partidos de la oposición en Melilla (Coalición por Melilla, PSOE y Ciudadanos) han pedido conjuntamente el cese del consejero de Seguridad Ciudadana de Melilla, Isidoro González (PP), después de conocerse que la esposa ha presentado a través de su abogado un escrito en el juzgado de guardia el día 31 diciembre de 2016 acusándolo de aprovechar que se encontraba viajando a Granada para «irrumpir» en el que hasta hace poco era su domicilio en común, con la ayuda de un cerrajero. La petición de dimisión «hasta que se resuelva su situación judicial» se ha realizado a pesar de que el consejero ha explicado a través de una nota pública que no infringió ninguna norma porque la casa aún sigue siendo su «domicilio conyugal» y que acudió a la misma a recoger unos enseres personales, teniendo que hacerse con los servicios de un cerrajero al ver que habían cambiado la cerradura de su domicilio, hechos que fueron grabados en vídeo por una vecina y difundidos por este medio. A través de un comunicado conjunto, los tres grupos de la oposición han señalado que lo ocurrido estos días «agrava aún más la delicada situación en la que está inmersa el consejero y la propia imagen que de la ciudad se está dando en los medios locales y nacionales». A juicio de CPM, PSOE y C’s «es evidente que, los hechos ocurridos, no tienen la misma repercusión que si las hubiera protagonizado otro ciudadano corriente».
Para estos partidos, políticamente el proceder del consejero Isidoro González, entrando en el domicilio con cerrajero, «no ha sido una decisión responsable dada su situación política, personal y judicial» después de que su mujer le hubiera denunciado por presuntos malos tratos el pasado 27 de octubre, aunque la Justicia no ha dictaminado ninguna resolución en forma de orden de alejamiento ni ninguna otra.
La oposición ha afirmado que «las responsabilidades políticas existen independientemente de las penales y no tienen por qué estar directamente vinculadas ni supeditadas siempre las unas a las otras».
Por ello, han indicado que «sin apartarnos del principio jurídico penal de presunción de inocencia, previsto en el artículo 24.2 de la Constitución Española, desde nuestra responsabilidad política como oposición es exigir al presidente de la Asamblea y del Gobierno de Melilla, Juan José Imbroda, que acometa el cese del consejero hasta que se resuelva su situación judicial».
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