La ONU urge a España a permitir el «acceso inmediato» al sistema educativo de una menor sin escolarizar en Melilla

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha solicitado al Estado español que adopte «medidas provisionales» para permitir el «acceso inmediato» al sistema público de educación primaria de una menor de edad que está sin escolarizar en la ciudad autónoma de Melilla.

«Este pronunciamiento de la ONU sienta precedente», ha apuntado el vicepresidente y portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas, Francisco Solans. Esta entidad es la que ha denunciado el caso de esta niña tanto por la vía judicial como ante el Comité de la ONU, que ahora insta a España a escolarizarla «con el objetivo de prevenir daños irreparables a los derechos de la menor que no sean susceptibles de reparación, restitución o compensación adecuada».
Tras celebrar el pronunciamiento del organismo de la ONU, Solans ha dicho esperar que este caso solo sea «el primero» porque, según ha recordado, en Melilla hay en torno a un centenar de menores que se ven impedidos de ir a los colegios públicos de la ciudad a pesar de que es su «derecho constitucional».
Tal y como lleva tiempo denunciando la ONG Prodein, la mayoría de estos menores han nacido en Melilla y son hijos de familias de origen marroquí que no cuentan con residencia legal en España. Tanto en Melilla como en Ceuta, para poder matricularse en el colegio se les exige estar empadronados, difícil de lograr sin contar con el permiso de residencia.
«De eso no depende el derecho a la educación», ha remarcado Solans, que ha criticado que la gestión de este problema por parte del Ministerio de Educación ha sido hasta el momento «muy chapucera». Tal y como ha precisado, la Administración no daba plaza en los colegios de Melilla a estos niños alegando que «no contaban con la documentación necesaria», pero no lo denegaba de manera explícita.
Precisamente la falta de una «denegación en forma» y esa «callada por respuesta» es lo que impulsó a la asociación a llevar el caso de esta menor, y el de otros niños y niñas, a los tribunales. En este caso concreto, la entidad presentó una demanda contencioso-administrativa ante el juzgado de Melilla, pidiendo que de manera cautelar se adjudicara la plaza a la menor.
Sin embargo, tal y como ha relatado Solans, el juez de Melilla se opuso a la medida cautelar solicitada, una decisión plasmada en un auto que posteriormente Abogados Extranjeristas recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Málaga.
En paralelo a la vía judicial, de manera independiente, la asociación acudió al Comité de Derechos del Niño, organismo de las Naciones Unidas que ahora ha reclamado a España que sí «adopte medidas provisionales para permitir el acceso inmediato de la menor» en el colegio.

«Tirón de orejas» a la Administración

Solans sostiene que este «tirón de orejas» a la administración va a sentar precedente para que el resto de casos de menores que están en esta situación en Melilla sean matriculados en las escuela, al menos como medida provisional. Esto sucederá, tal y como ha explicado, o bien porque se la asociación vuelva a acudir al Comité de Derechos del Niños en cada denegación de la escolarización como medida cautelar; o bien, porque los propios jueces de Melilla decidan a partir de ahora conceder las medidas cautelares tras ver este primer pronunciamiento. En cualquier caso, Solans ha dicho que su «esperanza máxima» es que este llamamiento desde el Comité de la ONU «llegue a trascender al Ministerio de Educación» que, a su juicio, «no se ha tomado el problema en serio». «Un Gobierno progresista no se puede permitir tener a 100 niños y niñas sin escolarizar y tener este problema metido en un cajón», ha subrayado.

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