Este viernes se han hecho públicas las observaciones finales del Comité contra la Tortura de la ONU al término del examen del sexto informe periódico de España.
El Comité manifiesta seria preocupación por la falta de progreso en la aplicación de las recomendaciones que había dirigido a España en 2009.
En particular, recuerda que la legislación española no reconoce enteramente la definición de tortura establecida en la Convención en varios puntos. En primer lugar, España mantiene en vigor el régimen de detención incomunicada hasta por 13 días para las personas sospechosas de delitos terroristas, a las que no se reconocen las garantías procesales que previenen la tortura, y la medida de aislamiento en los establecimientos penitenciarios puede llegar a los 40 días.
El Comité dice que no se realizan investigaciones independientes cuando se denuncian casos de tortura y que los escasos policías que son condenados por torturas son indultados por el Gobierno. En este sentido, señala que la Guardia Civil y la Policía Nacional recurren a la “fuerza excesiva” para reprimir manifestaciones ciudadanas pacíficas o para impedir que los extranjeros ingresen en el territorio nacional en Melilla y Ceuta, practicando la devolución en caliente a Marruecos sin permitir que los solicitantes de asilo accedan a su tramitación.
Con respecto a la protección de la mujer contra la violencia de género considera que “es insuficiente”, y no se asegura una formación suficiente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en cuanto a la prohibición de la tortura y otros malos tratos.
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