La ONG Amnistía Internacional denuncia “una aterradora oleada de detenciones” en Alhucemas

Amnistía Internacional (AI) ha emitido un comunicado en el que señala que durante la última semana, las autoridades marroquíes han llevado a cabo "una aterradora oleada de detenciones, con redadas de decenas de manifestantes, activistas y blogueros en el Rif, tras meses de protestas exigiendo el fin de la marginación de comunidades y la mejora de los accesos a los servicios en la región", ha dicho AI. La ONG internacional pide que las autoridades "deben garantizar que los activistas pacíficos no son condenados por cargos falsos". La organización no gubernamental afirma que algunas de las personas detenidas se les negó el acceso sin demora a sus abogados bajo custodia policial. "En algunos casos, los abogados que pudieron ver a sus clientes en el tribunal de Alhucemas afirmaron que éstos tenían lesiones visibles y que denunciaron haber sido golpeados al ser detenidos" ha indicado en la nota de prensa.

AI señala que también se teme que entre las personas que pueden ser juzgadas y tal vez acusadas de delitos relacionados con la seguridad del Estado "haya manifestantes pacíficos y blogueros que cubrían las protestas en las redes sociales".
"Tememos que esta oleada de detenciones pueda ser un intento deliberado de castigar a los manifestantes del Rif por meses de disidencia pacífica. Es fundamental que las autoridades marroquíes -ha añadido- respeten el derecho a la libertad de expresión y reunión. Las personas acusadas de algún delito reconocible legalmente no deben ser privadas del derecho a un juicio justo. Las autoridades también deben garantizar que los activistas pacíficos no son condenados por cargos falsos en castigo por participar en las protestas del Rif", ha dicho Heba Morayef, directora de investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África.

La reciente oleada de protestas se desencadenó cuando el líder de los manifestantes, Nasser Zafzafi, criticó públicamente a un clérigo que dirigía la oración del mediodía en una mezquita de Alhucemas el 26 de mayo por unas afirmaciones en las que al parecer se oponía a las protestas populares del Rif. El vídeo del incidente fue compartido en las redes sociales y días después Zafzafi fue detenido.

Entre el 26 y el 31 de mayo de 2017, las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 71 personas tras las protestas de Alhucemas y en las vecinas ciudades de Imzurén y Beni Buayach. Algunas protestas degeneraron en enfrentamientos en los que los manifestantes arrojaron piedras contra las fuerzas de seguridad y éstas en ocasiones dispararon cañones de agua y lanzaron gas lacrimógeno. Hubo heridos por ambas partes. Sin embargo, muchos activistas, incluidos manifestantes pacíficos y blogueros que habían documentado los acontecimientos en las redes sociales, fueron detenidos una vez acabadas las manifestaciones.

“Palizas y amenazas”
Los abogados dijeron a Amnistía Internacional que habían visto señales visibles de lesiones en los rostros y los cuerpos de varios de los acusados cuando comparecieron ante el fiscal general en Alhucemas. Afirman que sus clientes refirieron cómo los policías les habían propinado palizas, patadas, golpes y bofetadas al detenerlos y durante su traslado a las comisarías. Muchos denunciaron haber sido insultados o amenazados -incluso de violación- por los agentes que los habían detenido. Otros dijeron que habían firmado informes de interrogatorio y luego se habían dado cuenta de que les habían añadido páginas sin su consentimiento. El fiscal general de la Corona ha ordenado que se practiquen exámenes médicos en varios casos.

Los abogados también dijeron a Amnistía Internacional que la policía judicial de esta ciudad no notificó a los familiares de los detenidos su paradero, impidiéndoles así que les buscaran un abogado, lo cual significó que los abogados no pudieron conseguir la autorización de la fiscalía para visitar a sus clientes bajo custodia policial en el plazo de 24 horas tras la detención, como exige la ley marroquí.
"Resulta muy alarmante que las autoridades puedan estarse planteando presentar cargos contra la seguridad del Estado para castigar a activistas que participan en protestas", ha señalado Heba Morayef, directora de investigación de Al para el Norte de África.

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