El interior de una casa okupada muestra signos de deterioro y vandalismo. La okupación es un problema creciente en España.
La okupación ilegal ha aumentado un 34,5% en España, generando un grave problema social. Los afectados demandan soluciones urgentes ante la inacción del Gobierno, mientras la oposición propone reformas para proteger a los propietarios frente a este fenómeno creciente.
Los propietarios afectados, y los no afectados pero asustados por si les pasa, esperan que, con el previsible cambio de gobierno, se dé una solución inmediata a esta tara. La “Ley Feijóo” parece una buena solución que se espera como agua de mayo.
En las calles de Badalona, un dispositivo policial desalojó recientemente a más de 400 okupas de un antiguo edificio industrial, destacando la magnitud de un fenómeno que azota a España. Este no es un caso aislado: en Valladolid, casi un centenar de pisos okupados generan conflictos recurrentes en urbanizaciones como Arroyovereda, mientras que, en un parque de atracciones abandonado, 75 personas han convertido el lugar en un asentamiento informal, incluso con barcos atracados ilegalmente. La okupación ilegal de viviendas y propiedades se ha convertido en un grave problema social y económico en España, agravado por la «inacción» del Gobierno actual liderado por el PSOE. Según datos recientes, los casos han aumentado un 34,5% en los últimos seis años, y un 54,7% desde que Pedro Sánchez asumió el poder, lo que posiciona a España como un «paraíso para okupas» en comparación con países vecinos como Francia, donde el problema es cien veces menor.
Datos y Realidades Cotidianas
La okupación no es solo un titular sensacionalista, es un problema que afecta a miles de propietarios y comunidades. En 2025, se estima que hay más de 23.000 viviendas okupadas listadas en portales inmobiliarios como Idealista, representando alrededor del 3% del mercado total. Este fenómeno incluye desde ocupaciones masivas en edificios abandonados hasta «inquiokupaciones» –los inquilinos dejan de pagar el alquiler y se convierten en okupas de facto–, generando tensiones en barrios enteros. Los propietarios no sólo sufren pérdidas económicas, sino también impactos psicológicos.
El problema se extiende a lo largo del país, con hotspots en Cataluña, Andalucía y Madrid. En Badalona, el alcalde Xavier García Albiol ha liderado desalojos exprés, criticando la «inacción del Gobierno de España» como la mejor aliada de las mafias okupas. En X se denuncia que el Ejecutivo minimiza la crisis para evitar responsabilidades, con comentarios como.
El problema de la okupación no empieza en los propietarios, empieza en la inacción del gobierno. Algunos posts vinculan la okupación al mercado inmobiliario: un empresario anunció la venta de 200 pisos por el «clima» de inseguridad.
La Posición del Gobierno: Negación y Críticas
El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Vivienda, niega que la okupación sea un «problema alarmante» que genere temor en la sociedad. El PSOE y el gobierno argumentan que solo afecta al 0,5% de la población y que las alarmas son «falsas» y tienen como fin el crear alarma social y hacer negocio. Portavoces socialistas insisten en que el verdadero desafío es el acceso a la vivienda, no la ocupación ilegal. Sin embargo, los múltiples afectados y la oposición acusan al Gobierno de invisibilizar el tema: extensiones del «escudo social» –medidas pandémicas prorrogadas hasta 2026– protegen a «familias vulnerables», incluyendo okupas, lo que dilata los desalojos.
Desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación se señala que la postura del gobierno erosiona la confianza en el Estado de derecho, al priorizar a los ocupantes sobre los propietarios. En marzo de 2025, se reveló un intento del PSOE de colar reformas favorables a los okupas en una ley antifranquista, lo que avivó acusaciones de complacencia con socios de izquierda. Usuarios en X coinciden: «En España no endurecen las leyes contra la okupación porque al Gobierno le conviene mantener a los propietarios como escudo social».
La Visión de la Oposición:
El Partido Popular (PP) ha convertido la okupación en un eje de su ofensiva política. Feijóo reivindica desalojos como el de Badalona para reactivar su «Ley Feijóo», que propone expulsiones en 24-48 horas y endurecimiento de penas. El PP acusa al Gobierno de abandonar a los propietarios: «Cuando la ley protege al okupa, abandona al propietario», y resalta el aumento del 55% en los casos de okupación bajo el gobierno de Sánchez. Vox, por su parte, propone combatir la okupación con bajadas de impuestos y prioridad a los españoles en temas de vivienda, endureciendo las penas hasta los cuatro años de prisión en casos con violencia, un modelo inspirado en la legislación de Portugal.
Hacia una Reforma Urgente
Expertos e inmobiliarias coinciden en que la solución no pasa por pagos para desalojos («cash for keys»), sino por reformas valientes. Entre las propuestas liberales y prácticas destacan:
Desalojos exprés: Permitir expulsiones en 48 horas con denuncia inmediata y prueba de titularidad, como en la nueva Ley Antiokupas de abril de 2025.
Aumento de penas: De 2 a 4 años de prisión por ocupación con violencia o fines lucrativos, y multas mínimas.
Marco jurídico estable: Regulación clara para contratos de suministros (cortar agua/luz a okupas sin delito), y promoción de viviendas asequibles para reducir el abandono de inmuebles.
Solución administrativa: Una vía no judicial para erradicar el problema de raíz, evitando juicios largos.
Políticas activas: Construir más parques públicos de vivienda para aliviar la presión, en lugar de cargar el problema en propietarios privados.
Un Desafío para el Estado de Derecho
La okupación en España revela fallos en el sistema: mientras el Gobierno la minimiza como un «mito» para enfocarse en el acceso a la vivienda, la oposición la usa para atacar la gestión socialista. Lo cierto es que miles de familias sufren, y sin acción decisiva, el problema persistirá. Como advierte un experto: «La verdadera solución no es pagar para que se vayan, sino legislar para que no entren». En un país donde la propiedad privada es un derecho constitucional, urge un equilibrio entre protección social y seguridad jurídica para restaurar la confianza ciudadana.
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