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La Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia aprobada este jueves en el Congreso para su entrada en vigor deja la determinación de la edad de los menores extranjeros que llegan a España sin compañía de un adulto al arbitrio del fiscal, que habrá de decidir si el pasaporte que presenta el joven es o no “fiable”. Si no le da credibilidad, podrá someterle a pruebas médicas que contrasten lo que dice su documento oficial. La modificación intenta responder a una problemática que ha motivado una decena de sentencias del Supremo. Niños y adolescentes con un pasaporte oficial expedido en su país que eran tratados por la Fiscalía como indocumentados y sometidos a unas pruebas médicas que, conforme dice el Defensor del Pueblo, tienen un margen de error suficiente para que un menor sea tomado por adulto, lo que implica que pierda la protección institucional.
El Supremo sentó doctrina estableciendo que si el extranjero tiene un pasaporte o partida de nacimiento que acredite su minoría de edad, no podrá ser considerado indocumentado ni sometido a esas pruebas médicas, que no pueden hacerse de forma indiscriminada, como estaba sucediendo a la luz de los recursos que iba analizando.
La nueva ley dice que “el fiscal deberá realizar un juicio de proporcionalidad que pondere adecuadamente las razones por las que se considera que el pasaporte o documento equivalente de identidad presentado, en su caso, no es fiable” y proceder entonces a ordenar las pruebas médicas. Para los expertos consultados por Europa Press, es “una corrección intolerable de la jurisprudencia del Supremo”.
Celeridad en las pruebas médicas
Por otra parte, el mismo artículo dice que “la realización de pruebas médicas para la determinación de la edad de los menores se someterá al principio de celeridad, exigirá el previo consentimiento informado del afectado y se llevará a cabo con respeto a su dignidad y sin que suponga un riesgo para su salud, no pudiendo aplicarse indiscriminadamente, especialmente si son invasivas”
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