La Mesa del Congreso, gracias a la mayoría del PSOE y Sumar, ha vuelto a retrasar su decisión sobre la admisión o no a trámite de la proposición no de ley de Junts exigiendo al presidente Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. Es la segunda vez que los dos partidos del Gobierno de coalición evitan que la Mesa resuelva este trámite formal y deciden darse más tiempo, esta vez con intención de llegar a un acuerdo con Junts.
Los de Carles Puigdemont registraron su proposición no de ley el pasado 9 de diciembre y los servicios jurídicos del Congreso no pusieron obstáculos a su tramitación, pero cuando la Mesa estudió por primera vez la iniciativa, el 17 de diciembre, la decisión se dejó en el aire.
Tanto entonces como ahora desde el PSOE mantienen que no hay problema en retrasar la decisión de la Mesa porque, de calificarse, el grupo de Junts no tendría cupo para someterla a debate en el Pleno hasta mediados de febrero, mes en que arranca el nuevo periodo de sesiones.
Reformar el texto
Así, todas las opciones continúan abiertas. En su informe, los servicios jurídicos apuntaron cuatro: dar trámite a la iniciativa tal y como está, que propia la Mesa incluya una apostilla para dejar claro que no tendrá efectos jurídicos, solicitar a Junts que la reformule para hacer constar esa falta de consecuencias jurídicas, o directamente no admitirla a trámite vetando así su debate.
El secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, de Sumar, ha comentado a su llegada a la reunión de este martes que es partidario de buscar un acuerdo con Junts para ver cómo se puede «adaptar al Reglamento». Esto podría hacerse bien instando una reformulación al grupo proponente o bien con la apostilla que proponían los letrados.
Según ese informe, que no es vinculante, dado que no hay precedentes de una proposición no de ley que inste al jefe del Ejecutivo a utilizar un instrumento (la cuestión de confianza) que sólo a él le corresponde activar, debe ser la Mesa la que fije un criterio que sirva también para futuras decisiones sobre textos similares.
Los letrados también subrayaron que al tratarse de una proposición no de ley, la iniciativa de Junts carece de efectos jurídicos y no obliga al Gobierno a cumplirla en caso de aprobarse. Además, insistían en que, conforme a la Constitución, la cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno.
El PSOE se agarra a que someterse a una cuestión de confianza es decisión exclusiva del jefe del Ejecutivo para argumentar sus recelos a tramitar la proposición no de ley. Por su parte, el PP, tercer partido que conforma la Mesa del Congreso, sostiene que no hay argumentos para vetarla.
Sumar –cuyo voto es decisivo para la decisión final, pues podría lograr la mayoría de la Mesa si se une al PP–, no prevé desmarcarse de la posición del PSOE, pues el grueso del grupo considera que la iniciativa sólo es una maniobra de Junts y el Gobierno no debe caer en su juego.
Eso sí, en Sumar también hay voces que rechazan el veto, como Compromís, que considera que «no hay que tener miedo a la democracia y al debate», en palabras de su portavoz, Àgueda Micó.
Las fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press afirman ser conscientes de que la negativa a cumplir esta exigencia de los de Puigdemont puede significar que no respalden los Presupuestos Generales del Estado para 2025, cuyo apoyo es fundamental para sacarlos adelante. A este respecto, insisten en que el Ejecutivo quiere nuevas cuentas generales, pero recuerdan que se puede gobernar con presupuestos prorrogados.
Junts se reúne el viernes en Bruselas
Por su parte, el expresidente catalán Carles Puigdemont, ya advirtió en su momento que si la Mesa del Congreso optaba por darle un portazo a la iniciativa de su partido la legislatura estaría en «colapso» porque la cuestión que plantean es «legítima y necesaria».
«Si no lo tramitan significa que no se ven capaces de restablecer la confianza, si no cumplen, hay que tomar decisiones que le puedo asegurar que no gustarán al PSOE», advirtió este martes el secretario general de Junts, Jordi Turull.
De hecho, Puigdemont ha convocado en Bruselas este viernes a los miembros de la permanente de su partido para analizar el estado de las relaciones con el Gobierno, un encuentro que marcará el futuro de la legislatura.
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