La resolución judicial que ha anulado la medida decretada por la Ciudad Autónoma para el confinamiento de seis centros sociales de Melilla es clara: la masificación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) no puede justificar que se prohíba salir a sus 1.400 residentes durante 14 días porque se podría haber evitado la situación con el traslado de parte de ellos a la península.
“La Ciudad Autónoma pudo solicitar del Gobierno central el traslado de determinado número de individuos a centros peninsulares con mayor capacidad, para así disminuir el incremento de riesgo de contaminación masiva al que se alude en el informe médico aportado por mor de la masificación del establecimiento”, afirma la jueza en su resolución. No en vano, apunta que dichos traslados implican “una medida menos restrictiva de un derecho fundamental como es la libertad deambulatoria y personal”.
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