La mascarilla, otra protagonista de la tragicomedia del COVID-19

La protección respiratoria forma parte desde hace siglos, de las medidas preventivas frente a las enfermedades pestilenciales –desde el simple pañuelo impregnado en antiséptico, a las máscaras antiplaga de los médicos renacentistas-; la mascarilla como se la conoce actualmente se la data por primera vez en 1910, en concreto en China y para detener una epidemia de peste, aunque ya se usaba en Europa en otros formatos (algodón envuelto en gasas).

En la actual pandemia de COVID-19, la recomendación para su uso pasó por muchas vicisitudes y contrasentidos, e incluso después de ella aún asistimos a controversias sobre su mantenimiento o no, y en qué ámbitos –espacios abiertos o interiores-.

Lo cierto es que el uso de la mascarilla ha sido un exponente más de lo negligente de la gestión de la pandemia por los responsables sanitarios, y aquí incluyo a la O.M.S., que tardó en hacer la recomendación –de hecho en abril de 2020 aún preconizaba no usarla por personas sanas-, ante una supuesta falta de evidencia científica; cuando esto es imposible de alcanzar por motivos éticos (habría que someter a riesgo de contagio a personas sin mascarillas), debe de aplicarse el concepto de “mayor evidencia disponible”, como era el claro descenso de la trasmisión en aquellas sociedades que la impusieron.

En realidad, como en el caso de la necesaria generalización de la vacunación, respondía más a la falta de disponibilidad de cantidades suficientes, ante la avalancha de solicitudes que se preveía; en el caso de la vacunación los estudios de evidencia eran posibles y necesarios, pero supusieron un retraso que sin duda ha costado muchas vidas.

En esta línea negacionista de la O.M.S., la acompañaron muchos países occidentales incluido España, pero especialmente reprobable –en este tema- fue la actitud de Fernando Simón, pararrayos sanitario del gobierno junto al ministro Illa, negando la necesidad de las mascarillas FPP-2, cuando la evidencia científica de ellas fomentaba su uso alternativo y preferente sobre las quirúrgicas. Nunca se podrá valorar cuantas muertes se hubieran evitado, si su recomendación –con su uso precoz y generalizado- hubiera sido distinta.

Su conversión en un bien estratégico y de primera necesidad para la población, fue causa de desabastecimiento y pingües negocios, pero ello no hizo reaccionar a nuestro gobierno a tiempo, y aunque el 21 abril de 2020 se fijaron precios máximos (0,96€ la unidad), no será hasta el 17 de mayo de 2020 cuando su uso se haga obligatorio. La primera ola estaba en clara caída -se daban 4000 casos diarios-, ¡pero habían muerto ya más de 28000 españoles!

Ante el hecho de que tuvieran un uso limitado -4 a 10 veces-, en noviembre de 2020 el gobierno se vio obligado a rebajar el I.V.A. del 21 a 4%, pero eso apenas redujo el precio a 0,72€ la unidad, mientras en otros países de nuestro entorno se daban gratuitamente.

El último paso del baile del uso las mascarillas, con una clara tendencia hacia su control –no sé si definitivo-, ha llevado al esperpento de que tras la aprobación en el Congreso de su obligado uso en exteriores –lo que llegó tarde, como siempre-, tal acuerdo se anuló ¡a los tres días!

El factor determinante del comportamiento de una sociedad, en la observancia de las recomendaciones de su gobierno, es la confianza, y ésta actualmente está bajo mínimos en la sociedad española; su clara base es una cadena de hechos cuyo último eslabón es el citado, pero con hitos destacables en esa desconfianza, como lo fueron el ínclito Vicente Simón o el ministro Salvador Illa, cuya idoneidad para el cargo sólo la veo en su condición de filósofo: debía de preparar a España para la epidemia desde el estoicismo.