La libertad individual acaba (o debería) cuando se invade la de otro. Un ejemplo es la polémica de las molestias que provocan las llamadas a la oración de las mezquitas de Melilla.

La Semana. MH, 09/12/2024

Por: J.B.

 

Libertad individual y poder gubernamental: ¿Dónde están los límites?

En cualquier sociedad democrática, la convivencia pacífica se basa en un principio esencial: la libertad individual de cada ciudadano termina donde comienza la de los demás. Este fundamento no solo es un pilar de la filosofía liberal, sino también una regla práctica para garantizar el respeto mutuo y evitar conflictos. Sin embargo, cuando trasladamos este principio a la relación entre los ciudadanos y el gobierno, la dinámica se torna más compleja, especialmente cuando el poder ejecutivo sobrepasa los límites.

La libertad individual: un equilibrio delicado

La libertad individual permite a las personas tomar decisiones y actuar conforme a sus valores, siempre que no vulneren los derechos de terceros. Este equilibrio es frágil y necesita marcos jurídicos claros y efectivos que garanticen el respeto mutuo. Por ejemplo, derechos fundamentales como la libre expresión o la libertad de asociación permiten a los ciudadanos participar activamente en la sociedad y expresar desacuerdos con las acciones gubernamentales.

El derecho individual encuentra su límite cuando afecta negativamente a otros. Es ahí donde el Estado, como árbitro, interviene (o debería) para mediar entre intereses contrapuestos, bajo la premisa de proteger el bienestar colectivo.

La ley es muy clara (como ocurre con los ruidos del Bernabéu) y todos deben cumplirla. Si se hacen excepciones, las leyes dejan de ser efectivas.

En Melilla (también ocurre en Madrid, con los ruidos que soportan los vecinos del Santiago Bernabéu con los conciertos) se ha desatado una polémica, que a algunos les conviene interesadamente llevar al tema religioso/racista, con los molestos ruidos (que molestan a miles de melillenses) que provocan las llamadas a la oración de las mezquitas de nuestra ciudad. La ley es muy clara (como ocurre con los ruidos del Bernabéu) y todos deben cumplirla. Si se hacen excepciones, las leyes dejan de ser efectivas. Nadie nos llama a grito limpio para que vayamos a trabajar, para llevar a los niños al colegio o para ir a misa (si eres católico), etc.; son decisiones individuales (las hacemos o no, a nuestra elección) e igualmente lo es el iniciar el rezo musulmán. Es innecesario el aviso de las mezquitas y, sobre todo, atenta contra la libertad de otros.

El poder gubernamental: ¿al servicio del pueblo o de sí mismo?

Mientras que la libertad individual tiene límites bien definidos, la actuación de los gobiernos, especialmente en democracia, debería estar igualmente regulada por los principios de separación de poderes, el respeto a la Constitución y el consenso social. Sin embargo, en ocasiones (como es el caso del actual gobierno de “Pinocho” Sánchez), estos límites se diluyen cuando el ejecutivo utiliza su poder legislativo para fines que responden más a intereses particulares (mantenerse en el poder a toda costa) que al bien común.

En el caso del gobierno de Pedro Sánchez en España, una gran, y creciente, cantidad de voces acusan al ejecutivo de instrumentalizar las instituciones y el proceso legislativo para asegurar su permanencia en el poder, incluso en contra de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Ejemplos recurrentes incluyen leyes controvertidas aprobadas por procedimientos de urgencia o acuerdos políticos con los nacionalistas percibidos como concesiones desmedidas a grupos minoritarios para garantizar apoyos parlamentarios.

Sánchez, que no soporta los controles que implica una democracia, controla mucho de lo que dicen sus medios afines (comprados con nuestro dinero) e intenta hacer lo mismo con los no afines, con intentos indisimulados de controlar qué se dice, cómo y contra quién.

Contrapoderes: una necesidad democrática

En un sistema democrático funcional, el poder no puede concentrarse sin control. Los contrapoderes, como el Poder Judicial, los medios de comunicación y la sociedad civil, son esenciales para limitar los posibles abusos de un gobierno.

El Poder Judicial (fuerte y habitualmente presionado por Sánchez y los suyos para que mire hacia otro lado en los múltiples casos de corrupción que asolan al gobierno de Pinocho, a su familia y a “su” partido, el PSOE), por ejemplo, tiene la responsabilidad de garantizar que las leyes y las acciones del ejecutivo se ajusten al marco constitucional. Recientemente, en España, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial han sido objeto de polémica por su rol en decisiones clave, lo que refleja la importancia de su independencia.

Por otro lado, los medios de comunicación juegan un papel crucial al informar y formar opinión pública, pero su efectividad depende de su capacidad para operar sin presiones económicas ni políticas. Sánchez, que no soporta los controles que implica una democracia, controla mucho de lo que dicen sus medios afines (comprados con nuestro dinero) e intenta hacer lo mismo con los no afines, con intentos indisimulados de controlar qué se dice, cómo y contra quién. Cuando los medios pierden su independencia, como es el caso en muchos de ellos en la actualidad, el debate democrático se ve seriamente erosionado.

Cuando un gobierno utiliza su autoridad para actuar contra la voluntad mayoritaria (como, por desgracia, ocurre con el actual), se hace necesario un sistema robusto de contrapoderes que limite estos excesos.

La responsabilidad de la ciudadanía

Es legítimo/vital criticar los excesos del poder gubernamental y es también imprescindible que la ciudadanía asuma un papel activo en la defensa de sus derechos. Participar en las elecciones, movilizarse en protestas pacíficas y exigir transparencia son herramientas que fortalecen la democracia.

Conclusión

La libertad individual y el poder gubernamental deben coexistir en un equilibrio que respete tanto los derechos individuales como las necesidades colectivas. Sin embargo, cuando un gobierno utiliza su autoridad para actuar contra la voluntad mayoritaria (como, por desgracia, ocurre con el actual), se hace necesario un sistema robusto de contrapoderes que limite estos excesos. En última instancia, la defensa de las libertades y la democracia recae no solo en las instituciones, sino también en la sociedad en su conjunto, que debe mantenerse vigilante y activa frente a cualquier abuso. ¡No dejemos que Sánchez nos quite la libertad poco a poco, botémosle de una vez!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La libertad individual acaba (o debería) cuando se invade la de otro. Un ejemplo es la polémica de las molestias que provocan las llamadas a la oración de las mezquitas de Melilla.