La Justicia deniega al Ati II las medidas cautelares solicitadas para seguir abierto

La Justicia ha denegado las medidas cautelares que había pedido la empresa Ati II para mantener abierto este establecimiento comercial mientras se resuelve el trámite judicial, alegando un daño a los 14 trabajadores. Sin embargo, el juez considera que el cierre decretado por la Ciudad Autónoma “protege” a los empleados. En rueda de prensa, el portavoz de la Ciudad Autónoma, Manuel Ángel Quevedo, explicó ayer que la reunión del Consejo de Gobierno celebrada el lunes tuvo conocimiento de esta denegación de las medidas cautelares, que supone además una condena en costas para la mercantil Atilano Miguelez de hasta 400 euros.
Quevedo destacó dos cuestiones de este fallo judicial, una de ellas coincidente con el criterio que él mismo ya apuntó la semana pasada respecto a que los trabajadores eran “los primeros beneficiados” por su seguridad tras el cierre del establecimiento decretado por la Ciudad Autónoma, debido al incumplimiento de las medidas de seguridad contra incendios.
“Dice el juez que si el cierre es por incumplir la normativa contra incendios, la medida de clausura protege también a los empleados que allí trabajan, que tienen el derecho esencial a desempeñar su labor en condiciones de seguridad”, resumió Quevedo.

No conlleva el despido
Asimismo, el juez apunta a que el cierre del establecimiento no conlleva automáticamente el despido de los trabajadores, que seguirán teniendo contrato en vigor y derecho a cobrar, e incluso cabría la posibilidad de que la empresa demandante los pudiera recolocar en algún otro local o negocio si los tuviera.
Por lo tanto, Quevedo apuntó que si la empresa procede al despido de los trabajadores, tendrá que ser justificado y éstos tendrán derecho a percibir sus indemnizaciones en función de las causas de ese despido.
Tras la resolución de este recurso contencioso administrativo, la única posibilidad que le queda a la empresa es presentar ante la Ciudad Autónoma la certificación de cumplimiento de las medidas de seguridad contra incendios para que se levante la orden de cierre, aunque ahora seguirá el trámite judicial y en su momento se dictará el fallo, que tardará meses.

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