La Justicia decidirá sobre 67 facturas de una empresa a la Ciudad Autónoma de Melilla, que corresponden al periodo entre 2012 y 2018, sobre las que el Consejo de Estado apreció irregularidades y pidió que fueran enviadas a la Fiscalía.
En un mensaje grabado, el presidente del Gobierno de Melilla, Eduardo de Castro, precisó que estas facturas corresponden al Ejecutivo anterior, en manos del PP, y sobre ellas se pronunció el Consejo de Estado en un dictamen del 25 de septiembre de 2019.
Ante ello, De Castro propuso al Consejo de Gobierno el 16 de diciembre de 2019 que se diera cuenta al Ministerio Fiscal y solicitar un dictamen a los servicios jurídicos para que el Ejecutivo regional se personara como acusación particular, y fue aprobado el 24 de enero de 2020.
“La cuestión queda judicializada y se está viendo actualmente en los juzgados, donde se van a dirimir las responsabilidades que hubiera lugar”, explicó De Castro.
Este asunto ha vuelto a estar de actualidad después de que Vox haya pedido información el pasado 4 de febrero, ante lo que la vicepresidenta primera de la Asamblea, Dunia Almansouri, ha firmado un decreto para hacerle saber que tiene a su disposición todo el expediente.
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