La Justicia condena a los catorce procesados del llamado ‘Caso Abogados’

Como ya adelantara MELILLA HOY hace una semana, finalmente el Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla hizo ayer público su fallo por el llamado 'Caso Abogados' en el que condena a las 14 personas procesadas a penas que oscilan entre los cinco y los diez años de inhabilitación, al considerarlas autores o colaboradores de un delito continuado de prevaricación administrativa. El motivo, que durante diez años se saltaran los procedimientos ordinarios para contratar de forma lícita a un equipo de asesores legales, recurriendo siempre a los cuatro mismos abogados ahora procesados. En concreto a la ex consejera de Bienestar Social María Antonia Garbín Espigares, se la condena como autora de un delito continuado de prevaricación administrativa, a la pena de 10 años de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de Consejera de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como la incapacidad para obtener análogos cargos públicos durante el tiempo de la condena, con la única excepción de poder mantener su puesto de trabajo como funcionario, si lo tuviera.

Funcionarios y letrados
Asimismo, a los nueve funcionarios de Bienestar Social enjuiciados en la causa, se les inhabilita para el puesto de responsabilidad que ocupan como directores generales, secretarios técnicos o cargos similares, aunque podrán mantener su puesto de trabajo como funcionario si lo tuvieran. Los que han sido considerados como cooperantes necesarios del delito continuado de prevaricación, las penas oscilan entre los ocho años y seis meses y los nueve años, y en el caso de los considerados cómplices la pena es de cinco años y tres meses.

En cuanto a los cuatro letrados que estaban acusados han sido condenados a 4 años de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de asesor jurídico en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como la incapacidad para obtener análogos empleos o cargos públicos durante el tiempo de la condena, con la única excepción de poder mantener su puesto de trabajo como funcionario, si lo tuviera, al ser considerados cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación administrativa.

Se condena asimismo, a todos los penados, al pago por partes iguales de las costas, incluidas las de la acusación popular.

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