La Justicia abre un procedimiento abreviado contra Garbín y 14 técnicos

El Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla ha ordenado la apertura de un procedimiento abreviado contra la consejera de Bienestar Social y Sanidad, María Antonia Garbín, y 14 técnicos de su departamento por un presunto delito de prevaricación administrativa. Se trata del siguiente paso que ha dado la Justicia en el caso abierto por la contratación de abogados externos en la Ciudad Autónoma, hechos cuyo origen que se remonta a 1998, cuando los imputados no estaban en esta consejería ni el PP en el Gobierno local, tal y como recordó ayer en declaraciones a MELILLA HOY la propia Garbín. La consejera aclaró que no está procesada, sino imputada en este caso, por el que el juez Emilio Lamo de Espinosa ha dictado un auto de transformación “en el que se habla de hechos sobre los que la parte de la acusación debe demostrar que son delitos”.

El magistrado ha dado traslado de este auto a la Fiscalía y a la acusación para que den su punto de vista, mientras que los imputados tienen un plazo de 5 días para presentar un recurso de reforma, o bien un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Tras ese plazo, el juez decidirá si hay o no un “procesamiento en firme”. Por ello, Garbín incidió en que no se trata de un auto de apertura de juicio oral, ya que ella piensa presentar el correspondiente recurso. “Supongo que el resto de imputados harán exactamente igual”, agregó.

En este sentido, avanzó que en estos recursos defenderá que la contratación de abogados en la Consejería de Bienestar Social “no son delitos”. “Siempre hemos dicho que si hubiera algo, sería un error o un tema administrativo, nunca penal”, explicó Garbín, que basará su recurso en esta teoría.

Además, también hizo hincapié en que el periodo de tiempo al que se refieren los hechos imputados va desde 1998 hasta la actualidad. “Esto empieza en una época que ni siquiera estaba el PP en el Gobierno, estaba otro partido”, explicó Garbín antes de defender que la contratación de abogados externos en la Ciudad Autónoma es “una práctica habitual y normal en esta Administración y en otras”.

Garbín también quiso salir en defensa de la profesionalidad y honradez de los 14 técnicos imputados en este caso, originado a raíz de una denuncia de la Asociación Libre de Abogados (ALA). Se trata concretamente de cuatro secretarios técnicos, seis directores generales y cuatro asesores jurídicos.

Asimismo, criticó la postura que en este caso ha mantenido el partido Populares en Libertad, al que reprochó su “alegría”. “Parece mentira que hablen ellos cuando tienen a condenados dentro de su partido”, dijo en alusión a su presidente, Ignacio Velázquez Rivera, condenado a 15 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo o empleo público por la comisión de sendos delitos de prevaricación, pena que no terminará de cumplir hasta febrero de 2017.

Acceda a la versión completa del contenido