Por Fernando Vega Gámez (Doctor en Economía)
En octubre de 1973, en plena antesala de la crisis del petróleo, el presidente de los Estados Unidos Richard Nixon mantuvo reuniones discretas pero decisivas con los grandes ejecutivos petroleros estadounidenses, en un contexto de pánico estratégico. El embargo árabe tras la guerra del Yom Kippur amenazaba el abastecimiento, disparaba los precios y cuestionaba la seguridad nacional de Estados Unidos. El tono de las reuniones fue defensivo y tecnocrático, y se centraron en garantizar suministro, coordinar respuestas y asumir que el Estado debía liderar frente a un shock externo sin precedentes. Y cuentan que, durante una de aquellas reuniones, cuando los ejecutivos petroleros explicaron al presidente que el embargo árabe no era una amenaza retórica sino un corte real y coordinado, Richard Nixon, visiblemente irritado, preguntó si el sector podía “absorber el golpe” sin que la población lo notara. La respuesta fue seca: no, y añadieron que habría colas, racionamiento y caos político. Nixon guardó silencio unos segundos y zanjó: “Entonces esto ya no es un problema de mercado, es un problema de poder”.
Durante más de medio siglo no volvió a darse una reunión presidencial con el “Big Oil” con ese nivel de urgencia geopolítica directa, pero el viernes pasado tuvo lugar en la Casa Blanca un encuentro bastante llamativo. El presidente norteamericano Donald Trump se reunió con los representantes de las compañías petroleras más importantes del mundo, con el objetivo de convencerles para invertir en la industria petrolera venezolana, que es una de las mayores del mundo, pero está muy deteriorada. Trump presentó un plan ambicioso para revitalizar el sector petrolero de Venezuela, concretado en una inversión mínima de unos 100.000 millones de dólares por parte de las compañías, sin usar dinero del gobierno estadounidense, garantías de seguridad y protección para las petroleras si invierten en Venezuela, y la promesa de que Estados Unidos controlaría y gestionaría las ventas de crudo venezolano, beneficiando tanto a las petroleras como a la economía estadounidense.
La reacción generalizada por parte de los ejecutivos petroleros fue de cautela y escepticismo generalizado. Las grandes petroleras como ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips no hicieron compromisos concretos de inversión, y los representantes de varias compañías dijeron que Venezuela es actualmente “inviable” o “no apta” para invertir sin reformas legales, mayor estabilidad y certezas jurídicas. De hecho, los ejecutivos, como era de esperar, de manera generalizada demandaron seguridad jurídica, marcos comerciales claros y definiciones sobre cómo recuperar las inversiones que les proponen, y tan solo los representantes de algunas empresas pequeñas o independientes mostraron interés en explorar oportunidades, aunque siempre con cautela. Entre estos últimos se encontraba Josu Jon Imaz, presidente de Repsol, que con una intervención medida, muy diplomática y bien preparada, algo de esperar en uno de los ejecutivos mejor valorados de nuestro IBEX-35, agradeció al presidente norteamericano la invitación y la oportunidad de abrir la puerta a una mejor Venezuela. Además, expresó el absoluto compromiso de la compañía con la inversión en Estados Unidos, donde ha invertido la cifra de 21 billones de dólares en los últimos 15 años en la industria gasística y petrolera en localizaciones como Pensilvania, el Golfo de América (evitó diplomáticamente y muy inteligentemente llamarlo Golfo de Méjico), Texas y en especial en Alaska, con el descubrimiento del yacimiento de Pica que pondrá en el mercado este trimestre su primer barril y con el que esperan revertir la reciente historia de decadencia de ese estado. Explicó como la compañía no solo está presente en Venezuela, sino que con sus socios de ENI asegura la mitad del suministro del gas que garantiza la estabilidad energética del país. Y además expresó que tienen la ventaja de que ya están sobre el terreno y cuentan en Venezuela con personas, instalaciones y capacidades técnicas. Pero lo más importante es que Imaz declaró que, ante esta oportunidad, Repsol si está preparado para invertir más en Venezuela, donde la compañía produce actualmente 45.000 barriles al día, y se encuentra en disposición de multiplicar por tres esta potencia en los próximos dos o tres años. A lo que Trump respondió solemnemente: “Thank you. Great job you’ve done”. Veremos cuánto de todo esto se puede desarrollar, pero, por el momento, las acciones de la compañía han tenido un buen estreno de año, cerrando el viernes pasado con un 3,38% de revalorización, y forman parte de aquellas que todavía se encuentran a múltiplos razonables, cotizando a 17 veces sus beneficios de este año y con una rentabilidad por dividendo ligeramente superior al 3% anual.
¿Pero, realmente como afirmaba Trump, se trata de una oportunidad para bajar los precios del petróleo y de la gasolina para consumidores estadounidenses y, además, representar una acción estratégica para EE. UU. tras las recientes intervenciones en Venezuela? Desde luego, tal y como reconocieron los ejecutivos en la reunión, el potencial de las reservas venezolanas es inmenso, pero es también natural que mantuvieran una postura generalizada prudente y no comprometida públicamente, por lo que el resultado final fue una mesa de diálogo sin acuerdos firmados y con fuertes diferencias entre el optimismo de la Casa Blanca y el escepticismo empresarial.
Hay conexiones históricas interesantes entre la citada reunión de Nixon de 1973 con los ejecutivos de la industria petrolera y la cumbre promovida por Donald Trump el pasado viernes, pero también hay diferencias notables. Nixon reaccionó a un colapso del orden energético y Trump intenta rediseñarlo. En cualquier caso, ambos momentos marcan puntos de inflexión donde la Casa Blanca deja la regulación y entra, de lleno, en la gran estrategia petrolera global, y es de esperar que, como ocurrió entonces, sobrevengan grandes cambios en la industria en el futuro próximo. Pero, lo más importante que conecta aquella reunión de Nixon con la de Trump es que, en ambos casos, el presidente de los Estados Unidos asume que el orden energético no se gestiona desde el mercado, sino desde el poder.
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