La inaceptable situación de los menores sin acompañar en Melilla

Vivimos un contexto fuertemente condicionado por el desempleo y las políticas de austeridad, que ha conducido a una evolución sin precedentes de la pobreza y de la exclusión social en España. De nada valen guerras de cifras en Melilla cuando el riesgo de pobreza está alrededor de un tercio de la población. Las medidas políticas adoptadas hasta el momento no han surtido efecto, más bien han distraído y retrasado las soluciones.

Si tuviéramos que señalar algún indicador de los esfuerzos locales en integración social, o si se prefiere, en la lucha contra la exclusión social en Melilla, sería el caso de los menores no acompañados masculinos (MENA). Son una parte del problema. Los MENA femeninos no parecen ser problema. También hay un enfoque de género en esto. No todos los MENA son problemáticos.

Se trata de un debate público entre entidades de diverso signo de nuestra ciudad, y que señalan las obligaciones de tutela del Estado español, y de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, pasando por las Convención de derechos del niño, entre ellos, el de la educación, o la propia Ley de Extranjería, y como es lógico, una red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social, como la nuestra, no podía quedar al margen de este debate porque es nuestra función social. Pero ese debate ¿con quién se tiene? ¿Hay alguien pendiente de este problema en Melilla?
Evidentemente, ese indicador, los MENA, solo se puede valorar como un fracaso absoluto de la política de integración, o si se prefiere, del Plan Local de Inclusión Social de la Ciudad de Melilla 2013-2017, que debería ser la respuesta política a estos recordatorios sobre derechos sin cumplir y obligaciones de las Administraciones sin ejecutar.

No vamos a entrar en el debate de efectos llamadas, ni de convenios de devolución, pues forma parte del sentido común que los menores tienen que estar con sus familias, y nos parece bien que así sea, pero por muy irregular que sea la presencia en Melilla de estos menores, y no importa que sean de Marruecos o de Burkina-Faso, según los valores sociales que defendemos, no se les puede negar derechos universales para evitar un supuesto efecto llamada porque el fin no justifica los medios, bajo ningún concepto.

Es el momento de las personas, de construir ciudadanía, de que ésta sea el eje
vertebrador del desarrollo económico y social, a través de la economía social y de un
modelo de desarrollo sostenible que permita una vida digna a todas las personas y al
planeta en su conjunto. Economía del bien común basada en la justicia social y ambiental y la solidaridad, para no dejar a nadie atrás.

Hemos demandado, demandamos, y seguiremos demandando en el futuro el desarrollo de un Plan contra la Pobreza y de planes de inclusión social, pero con la participación de las entidades sociales que venimos trabajando en el Tercer Sector, y lo único que hemos recibido es la callada por respuesta ante cualquier petición de diálogo o debate, cuando no se nos respondía con desprecio.

Este año en el que EAPN en España ya cumplió 10 años de renovación de su compromiso contra la pobreza y la exclusión social, exigimos, con más fuerza que nunca, un cambio político y social radical que sitúe a las personas firmemente en el centro de la agenda política, y así contribuir a la realización de nuestro mayor reto: una sociedad más justa y cohesionada.

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