La XXVII edición de las Jornadas de Derecho ‘Enrique Ruiz Vadillo’ comenzaron ayer en el Aula 10 de la UNED con una serie de ponencias que se centraron en dos cuestiones de candente actualidad: la igualdad de género y la inmigración. La primera de estas fue ‘Una Fiscalía al servicio de la sociedad’, impartida por el fiscal de sala Eduardo Esteban, le siguió ‘La permanente lucha contra la desigualdad, Juzgar con perspectiva de género’, ofrecida por la magistrada de la Sala de los Penal del Tribunal Supremo, Ana María Ferrer, y finalizó con ‘¿Una política criminal racional en materia de inmigración ilegal?’, impartida por el profesor titular de Derecho Penal y Criminología de la UNED Juan Manuel Lacruz.
El director de la UNED, Ángel Castro, afirmó que las jornadas son siempre «muy variadas» y se especializan en cuestiones «muy actuales» como las que acabamos de mencionar, así como los algoritmos o la reforma laboral.
«Es la jurisprudencia y la perspectiva del derecho ante los problemas y las situaciones actuales», explicó, agregando que conjugan la magistratura y la teoría del derecho. Cifró en cerca de 90 los asistentes a las jornadas de este año y ocho ponentes con sus moderadores.
Así, consideró una «buena noticia» que se hayan retomado tras dos años de parón provocados por la pandemia del covid-19, y calificó de “incomparable” la categoría de los ponentes que intervendrán a lo largo de estas jornadas.
A la inauguración también acudió el presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, el cual guarda “cierto cariño” de estas jornadas, ya que afirmó que su primer acto como mandatario local fue la inauguración de estas, así como por haber estudiado en la UNED.
Lacruz, por su parte, destacó que estas jornadas son “especialmente relevantes” para el centro tras los dos años de pandemia, y aseguró que son “las más prestigiosas” a nivel nacional. “Es un atractivo más”, agregó.
“Dos espinas clavadas”
En declaraciones a los medios, el fiscal de menores Eduardo Esteban admitió que Melilla y Ceuta son “dos espinas clavadas” en el asunto migratorio. Este cree que debe haber una “respuesta adecuada” a la legislación española para evitar la retención de menores extranjeros en “guetos” o espacios reducidos poco adecuados, como que no se lleven a cabo expulsiones “indiscriminadas”.
“La respuesta tiene que ser desde la perspectiva de la protección de cada menor individualmente, no colectivamente”, explica, admitiendo que en algún momento se “han cambiado los términos” de ‘menor’ con el de ‘inmigrante’, predominando este último sobre el primero.
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