La huelga que han convocado este martes los Letrados de las Administraciones de Justicia (LAJ) apenas ha afectado a la suspensión de juicios en Melilla. Según cuenta al MELILLA HOY, el juez decano de la ciudad, Fernando Germán Portillo, tan solo dos jueces melillenses secundaron dicha huelga, e indica que “no son de los que tienen señalamientos a juicio” debido a que están en “servicios comunes, de lo cual no dependen los juicios”.
“Con lo cual, no hubo casi incidencias en ese aspecto”, resume Germán Portillo, quien añade que hay otra huelga de LAJ convocada para el 14 y el 15 de diciembre.
Reivindicaciones
El juez decano explica que las razones que han motivado que esta semana letrados y asociaciones de LAJ –antiguos secretarios judiciales– hayan decidido ir a huelga son básicamente de tipo económico, principalmente reclaman al Gobierno de la Nación que “les mejoren las retribuciones”.
“Ellos entienden que cobran poco en comparación con los jueces, quieren asimilarse a los jueces y por ese motivo han hecho huelga”, explica, recalcando en que se trata de un asunto de “mejora salarial”.
“Les prometió el Ejecutivo de que iban a mejorarles retributivamente y, por el momento, no (lo han hecho) y se le está presionando para ello haciendo esta huelga”, agrega.
Un seguimiento del 75%
Según han señalado varias asociaciones, el 75% de los Letrados de Administración de Justicia han secundado la huelga que se ha convocado a nivel nacional por las asociaciones mayoritarias de letrados judiciales. Un amplio seguimiento que ha provocado la paralización de 100.000 juicios y vistas en todo el país.
Asociaciones convocantes como el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la Unión Progresista de Letrados de Justicia o la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) recuerdan que dicha huelga, que se ha celebrado bajo el lema ‘Por dignidad, por justicia, por igualdad’, se podría “haber evitado si el Ministerio de Justicia hubiera cumplido con los acuerdos alcanzados, documentados por escrito, tales como la promulgación del Decreto de sustituciones, que entre otros beneficios, supone un ahorro para las arcas públicas de 14 millones de euros».
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