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La Guardia Civil interceptó este jueves en la frontera entre Melilla y Marruecos otro vehículo de las mafias que trafican con seres humanos con dos personas ocultas en su interior, el mismo día en que las fuerzas de seguridad marroquíes evitaron la entrada ilegal en España de otros 17 inmigrantes que viajaban en un todoterreno, según ha informado un portavoz de la Comandancia Los hechos se produjeron de nuevo en la aduana de Beni-Enzar, sobre las 15.00 horas, al fiscalizar los agentes un vehículo, un Renault 12 de matrícula marroquí, que en esos momentos accedía a Melilla procedente del país vecino, según ha informado la Guardia Civil este viernes en un comunicado.
Mientras los agentes empezaban a inspeccionar el coche por la parte del motor, el conductor aparentaba calma y colaboraba de forma solícita a los requerimientos que se le hacían. Al llegar a la zona del maletero, apreciaron cierta anomalía y decidieron proceder a un registro en profundidad y asegurar al conductor.
Localizada la manipulación realizada, ubicada en el lugar donde debía ir el depósito de combustible y que había sido extraído, habilitando como medio de propulsión un depósito auxiliar en los bajos, se pudo llegar hasta el doble fondo construido.
Para ello se desatornilló y retiró la chapa del suelo del maletero, tras la cual los agentes hallaron a dos jóvenes inclaustrados. Les administraron los primeros auxilios para estabilizarlos y no fue necesaria su atención médica ni su traslado a un centro hospitalario, ya que su estado físico no presentaba un cuadro de sintomatología adversa, quizá por el poco tiempo que llevasen allí ocultos.
Se trataba de dos varones indocumentados, de 22 y 26 años de edad, que dijeron proceder de Malí. Ambos serán puestos a disposición judicial en calidad de testigos y posteriormente se les aplicará la vigente Ley de Extranjería, según la Guardia Civil.
En cuanto al conductor, que atiende a las iniciales S. E. H. y es un marroquí que reside en su país, ha sido detenido y pasará a disposición judicial como supuesto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, es decir, de tráfico de personas o de inmigrantes. El Código Penal castiga este tipo de delitos con penas de cuatro años de prisión en el tipo básico y hasta seis u ocho años en los agravados.
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