La Fiscalía de Madrid ha mostrado su oposición a la petición del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy de paralizar de forma cautelar la comisión rogatoria que libró Andorra con la intención de interrogarle a raíz de la querella presentada en el Principado por la ‘operación Cataluña’.
Europa Press
El Ministerio Público se ha pronunciado después de que esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordara conceder la medida cautelarísima solicitada por Rajoy y diera traslado a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía para que informasen antes del jueves. Transcurrido ese plazo, los jueces resolverán sobre la medida cautelar.
Según consta en un comunicado de este miércoles, el Ministerio Fiscal considera que el argumento de Rajoy de que se han vulnerado sus derechos fundamentales con la tramitación de la comisión rogatoria lo que «realmente» encubre es un juicio sobre la actuación del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid y la Audiencia Provincial.
La Fiscalía ha asegurado, además, que el «cuestionamiento» que realiza Rajoy sobre la decisión de la Dirección General de Cooperación Internacional de dar curso a la comisión rogatoria de Andorra sería «un examen de legalidad ordinaria no susceptible de evaluarse» porque, según ha indicado el Ministerio Público, no está acreditada la vulneración a la que el expresidente hace referencia.
La defensa del exlíder del PP alegó que había visto vulnerado sus derechos porque el juzgado madrileño, al dar trámite a la citada rogatoria, no realizó el «previo control de legalidad de conformidad con la legislación nacional y convencional en materia de cooperación internacional».
Aunque la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón al considerar que dicho juzgado debía haber estimado sus recursos contra la comisión rogatoria de Andorra, precisó que no podía admitir sus recursos de queja porque la juez ya había actuado y dado respuesta al Principado. Así las cosas, avaló el auxilio judicial brindado a las autoridades andorranas.
Ante este escenario, la defensa de Rajoy presentó recurso de alzada contra la decisión de la Dirección General de Cooperación Internacional de dar luz verde a la comisión rogatoria de Andorra, pero no tuvo éxito, porque fue inadmitida por el Secretariado de Estado de Justicia, que es lo que ahora ha pedido revisar en el TSJ madrileño.
Hasta el momento, está pendiente que se pronuncie la Abogacía del Estado, que también ha sido emplazada por los magistrados del Tribunal Superior para que emita informe antes de mañana jueves a las 14.00 horas. Será entonces cuando el TSJ decida si mantiene la paralización urgente de la comisión rogatoria o si la desactiva hasta que resuelva sobre el fondo de lo planteado por Rajoy.
Cabe recordar que la Justicia de Andorra investiga a Rajoy, al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso por su supuesta relación con los intentos de conocer «mediante vías ilegales» información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras.
En concreto, los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada d’Andorra (BPA) para conocer «mediante vías ilegales» una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana» de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares.
