El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acordó ayer la apertura de juicio oral contra Globalia Servicios Corporativos, sociedad para la que la Fiscalía reclama el pago de una indemnización de 22,7 millones de euros y una multa de 9,5 millones por fraude en las subvenciones otorgadas por el Ministerio de Fomento para rebajar el precio de los billetes a las islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla para los residentes. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acordó ayer la apertura de juicio oral contra Globalia Servicios Corporativos, sociedad para la que la Fiscalía reclama el pago de una indemnización de 22,7 millones de euros y una multa de 9,5 millones por fraude en las subvenciones otorgadas por el Ministerio de Fomento para rebajar el precio de los billetes a las islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla para los residentes.
Tras conocerse este jueves la petición de la Fiscalía, el juez la ha dictado una resolución en la que se recogen los escritos de acusación del fiscal y de la Abogacía del Estado, este último de mutuo acuerdo con la propia Globalia.
En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 señala al Juzgado Central de lo Penal como el competente para el enjuiciamiento de los hechos.
Por su parte Globalia siempre ha defendido que si ha cometido un error está dispuesta a asumirlo y ha mostrado su colaboración con la Administración.
Asimismo, apunta que la ley que regula el descuento del 50% sobre la tarifa de residentes era lógica cuando se aprobó en 1951 pero defiende que la demanda sobre estos billetes ha cambiado mucho desde entonces, según han apuntado fuentes de la misma a Europa Press.
Responsables civiles
Además el juez da traslado, en calidad de responsables civiles subsidiarios, a las entidades Air Europa, Viajes Halcón, Viajes Ecuador Sam Globalia Bussines Travel (Travelplan) y Viajes Tu Billete «para que si les conviniere puedan personarse y presentar escrito de defensa con lo que respecta a la responsabilidad civil» en un plazo de 10 días.
Según la acusación de la Fiscalía, el grupo puso en marcha una operativa destinada a recaudar «importes subvencionables superiores a los que realmente constaban en cada billete, presentando, no la cantidad efectivamente cobrada, sino la cuantía máxima por tarifa aérea y gastos de emisión registrada en el Ministerio de Fomento».
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