La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Madrid que «delimite» la investigación que dirige el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, al considerar que el instructor está dirigiendo una «causa general». (Foto Europa Press).
Así consta en el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el Ministerio Público denuncia que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid sigue sin aclarar qué es lo que investiga en la causa y en el que reclama que se excluya del procedimiento los hechos relativos a Globalia.
El fiscal reprocha que el juez diga que investiga «todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo, por la investigada, desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial» de Manos Limpias a excepción de los contratos que investiga la Fiscalía Europea.
A su juicio, «estas expresiones son manifestaciones que pueden parecer una causa general, o cuando menos excesivamente amplias, habida cuenta las circunstancias expuestas».
El representante del Ministerio Público recuerda que ya ha pedido al juez en varias ocasiones que precise cuál es el objeto de la investigación y asegura que, hasta ahora, no ha recibido una respuesta clara.
Así las cosas, avisa de la «dificultad» que atraviesa para «comprender el objeto fáctico» de las diligencias que ha acordado el juez, lo que considera una «muestra de la incertidumbre y deriva procesal en la que se desarrolla la presente instrucción».
En este sentido, la Fiscalía incide en que su interpretación «será o no acertada, y será o no aceptada, pero no es, ni pretende ser, ni puede tacharse de desleal en modo alguno».
En el marco del escrito, el fiscal hace referencia a un nuevo informe de la Unidad Central Operativo (UCO) de la Guardia Civil –aportado el pasado 2 de julio– en el que se analizan los contratos que entregó la Interveción General de la Administración del Estado (IGAE).
Según el Ministerio Público, dicho informe sostiene que «en líneas generales, en base a la información observada en los expedientes, la preparación, inicio, tramitación, licitación adjudicación, formalización y ejecución de los contratos-algunos de ellos vigentes actualmente-, se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública».
Así las cosas, la Fiscalía insiste en que no hay «indicios delictivos, ni siquiera irregularidades o anormalidades detectadas de índole administrativo».
Al hilo, subraya que «no hay ni rastro de la investigada Begoña Gómez, cartas, recomendaciones, presiones o interés». Según apunta, la investigación está «pivotando» en torno al empresario Juan Carlos Barrabés y los contratos adjudicados por diversas administraciones, «presumiendo unas irregularidades en un periodo muy dilatado de tiempo, en el que se trasmite la sensación de que él es, en cierta forma, el investigado aunque no se sepa bien de qué (recordemos se le ha considerado testigo)».
Al margen, el fiscal denuncia el hecho de que el juez aluda en uno de sus autos a la existencia «genérica» de «hechos nuevos» de investigación que se contendría en la querella de Hazte Oír.
Sobre este extremo, asegura que «lo que se pretenden como nuevos hechos, ya se habían considerado como mismos hechos (y la calificación jurídica también se correspondía con la de tráfico de influencias o corrupción en los negocios)».
Insiste en que «no son hechos nuevos que pudieran ser merecedores de ser investigados, sino sustancialmente los mismos hechos, y que ya habían sido objeto de análisis al ser acumulados».
Con todo, el fiscal señala además que ignoraba los hechos por los que se había citado a declarar como testigo al rector de la Universidad Complutense de Madrid el pasado 5 de julio, lo que considera «una muestra más de la amplitud, generalidad, y falta de concreción en la imputación de hechos delictivos concretos».
Al hilo, recuerda que Hazte Oír presentó una querella «independiente en relación a los hechos relativos al programa de software de la UCM» que recayó en el Juzgado de Instrucción Número 48 de Madrid, pero finalmente se derivó al juzgado de Peinado, algo que la Fiscalía recurrió al considerar que no se trataba de los mismos hechos.
El fiscal apunta también que ya en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid se investiga el nombramiento de Gómez en la cátedra extraordinaria de la Complutense.
«Con todas estas menciones a otros procedimientos queremos simplemente señalar que debe circunscribirse a los hechos y delitos inicialmente denunciados, ya que existen otras causas por diferentes delitos atribuidos», explica.
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