La Fiscalía abre una investigación por el vertido de escorias de la incineradora

La Fiscalía ha abierto una investigación por el vertido de la planta incineradora de Melilla que, según la asociación ecologista Guelaya, no podían ser vertidas como residuos inertes en el vertedero de residuos no peligrosos que se abrió en 2014, lo que propició una denuncia de esta entidad. En una nota de prensa, Guelaya ha explicado que la Ciudad Autónoma preparó aquellas instalaciones como vertedero específico temporal con un presupuesto de licitación de 215.978,65 euros, pero cuatro años después, “decidió obviar los parámetros de las escorias que sobrepasan los niveles límite para ser considerados inertes y comenzó a verter las escorias como si fueran escombros”.
Ello, “a pesar de haber gastado previamente casi un cuarto de millón de euros en un almacenamiento temporal”, lo que en opinión de Guelaya evidencia que “o bien la construcción de un vertedero específico para escorias fue una pérdida inútil de dinero público, o bien se están vertiendo ilegalmente las escorias como si fueran inertes”.
Los ecologistas denunciaron los hechos ante la Fiscalía, que abrió un expediente informativo que ha incluido la correspondiente investigación, en la cual se han recogido análisis de muestras que han sido enviadas a laboratorios de la península, según Guelaya.
La entidad ecologista sostiene que con estos análisis se pretende clasificar las escorias como residuos peligrosos, no peligrosos o inertes, ante lo cual ha planteado sus dudas sobre si se trata de residuos peligrosos o no peligrosos, “pero bajo ningún concepto se pueden catalogar como inertes, como se desprende de los mismos análisis que la consejería ha puesto en información pública”.
Por ello, los ecologistas demandan el envío a la península de las escorias del vertedero de escorias abierto en 2014, que se colmató hace casi año y medio a cargo del Estado siguiendo la disposición adicional tercera de la Ley 22/2011 de Residuos, si bien lamenta que la Consejería de Medio Ambiente, como autoridad ambiental responsable, “no atendió a las alegaciones presentadas en 2018”.
Guelaya considera que el traslado sería la solución en este momento para dejar espacio disponible para el almacenamiento temporal de escorias, si bien ha tachado de una “absoluta irresponsabilidad” por parte de los gestores de la Ciudad Autónoma el hecho de que se vayan a tener que de trasladar 37.200 toneladas de escorias, vertidas provisionalmente durante 6 años, para cuyo traslado serán necesarios 4.380 contenedores de 8.5 toneladas.

Acceda a la versión completa del contenido