La fiscal pide quitarle el DNI a una testigo de 71 años por no saber hablar el español

La fiscal del "caso voto por correo" que se juzga en la Audiencia Provincial ha anunciado durante la vista que se celebró ayer que va a pedir que se despoje de la nacionalidad española a una mujer de origen amazigh por no saber hablar el idioma español. Se trata de una mujer mayor nacida en el año 1946, es decir próxima cumplir los 72 años de edad, que obtuvo la nacionalidad española durante el proceso de regularización de la población de origen bereber emprendida en la mitad de la década de los ochenta, en concreto de aquellos que podían demostrar su arraigo en Melilla desde hacía años. Entre estos había muchos que, aún llevando décadas en la ciudad, no conocían el castellano, en concreto personas mayores y analfabetas. Su citación ayer como testigo para una vista en la que se juzga la presunta compra de votos le puede costar el DNI por no haber podido responder en español a las preguntas de la fiscal, motivo por el que ésta ha solicitado que se inicien los trámites para retirarle la nacionalidad. Será, sin embargo, el Ministerio de Justicia el que tendrá la última palabra. Fuentes jurídicas han apuntado no obstante que es poco probable que la petición fiscal prospere porque el no saber hablar bien el español no es razón suficiente como para quitarle los papeles a una persona que lleva disfrutando de ellos más de 30 años. Las declaraciones de los más de 380 testigos citados para el llamado caso voto por correo, en el que se juzga a dirigentes de PSOE y CPM por la presunta compra de votos en las elecciones generales de 2008, continuaron ayer con la citación de ocho personas, de las que seis hablaron, una no acudió y una última no pudo responder a las preguntas por que no sabía hablar bien el español.

El presidente del tribunal, Federico Morales, mostró por su parte su extrañeza por que una persona con DNI no conozca el castellano y por ello se negó a aceptar que usara un intérprete.

La fiscal del caso, María Isabel Martín, atendiendo que a todo español tiene el deber constitucional de conocer la lengua española y el derecho de usarla, solicitó que se deduzca testimonio y se remita a la Fiscalía de área para iniciar un procedimiento de retirada del DNI. La acusación particular también se adhirió a esta petición.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico han indicado, no obstante, que la decisión última sobre esta petición la tiene el Ministerio de Justicia e indicaron que no parece probable que se pueda despojar de la nacionalidad a una persona que llevada décadas con el DNI por no saber hablar bien el español. "Eso es simplemente incultura" han indicado para explicar el caso de la testigo.

En este sentido, han señalado que hay en España, en zonas recónditas de Cataluña y Galicia, españoles que no conocen el castellano y solo hablan las lenguas de su región, aunque en el caso del tamazight no es cooficial.

Asimismo, han subrayado que a estas personas, cuando sus maridos fueron a combatir en la Guerra Civil, "nadie les preguntó si sabían hablar español".

Por último, han apuntado que los exámenes para conocer el grado de integración en la sociedad española son recientes y por tanto no se encontraban vigentes cuando esta mujer, de cerca de 72 años, obtuvo la nacionalidad. Actualmente, para lograr el DNI, hay que demostrar un conocimiento básico de la lengua española, el equivalente a un nivel mínimo de A2 según el estándar establecido por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Para ello, el solicitante debe superar un idioma de español para extranjeros/segunda lengua (DELE). Están exentos, no obstante, tres casos: personas que no sepan leer ni escribir; personas con dificultades de aprendizaje y personas que hayan estado escolarizadas en España y hayan superado la educación secundaria obligatoria. El caso de la testigo encajaría en el primero al tratarse de una analfabeta, han indicado las citadas fuentes.

Acceda a la versión completa del contenido