La doble moral

Una de las tres emisoras piratas que están ejerciendo como okupas en el dial melillense es Radio Vinilo, del Grupo Gaselec, que lleva al menos tres años funcionando al margen de la Ley. Y aún así, pretende que las instituciones a las que tanto observa con lupa miren en este caso hacia otro lado. Paradójico Llama la atención que un grupo de comunicación como el de Gaselec, que se ha autonombrado como el mayor fiscal de Melilla por perseguir sin descanso a quienes se han visto envueltos en algún problema con la Justicia, esté siendo el primero en saltarse a la torera las leyes que tanto defiende. Y es más curioso aún que su reacción no haya sido el reconocimiento de la ilegalidad detectada por organismos estatales, sino que encima lo interpreta como un ataque y reclama que el incumplimiento de la Ley siga de forma indefinida. Lo que el Grupo Gaselec y sus responsables quieren es que no haya fin para la ley del embudo con la que está desarrollando su estrategia, es decir, lo ancho para uno mientras lo estrecho continúa para el resto.

Es la conclusión a la que uno llega después de analizar lo que ha pasado en estos últimos días, desde que el Consejo de Gobierno dio luz verde hace una semana a iniciar una serie de expedientes a tres emisoras de radio que están emitiendo sin licencia, de forma ilegal, que constituye una de las 14 infracciones más graves que se incluyen en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. No es una nimiedad si se tiene en cuenta que la Ley contempla sanciones de entre 100.000 y 200.000 euros en caso de las radios, y de 500.000 a un millón de euros si quienes emiten ilegalmente son las televisiones.

Una de las tres emisoras piratas que están ejerciendo como okupas en el dial melillense es Radio Vinilo, del Grupo Gaselec, que lleva al menos tres años funcionando al margen de la Ley. Y aún así, pretende que las instituciones a las que tanto observa con lupa miren en este caso hacia otro lado. Paradójico. Casi tanto como la interpretación de este grupo de comunicación de que esto es un ataque a la libertad de expresión, como si Gaselec fuera el titular de este derecho fundamental que asiste a todos los ciudadanos y del que también hacen uso los medios de comunicación de esta ciudad a los que desprecia constantemente, aun cuando han sido la cantera de todos sus trabajadores.

Un desprecio cuya causa está en los convenios de publicidad que la Ciudad Autónoma tiene con varios medios de comunicación, y que ahora van a salir a concurso de adjudicación. El Grupo Gaselec no puede albergar esta publicidad porque la Justicia así lo ha dejado claro, ya que su televisión es de pago y su radio es ilegal. Y eso que la empresa de Gustavo Cabanillas exigía 800.000 euros al año del dinero público de los melillenses. Esa es la doble moral de quienes manejan este grupo de comunicación con dudosos intereses, y que pese a todo pretenden obtener el mismo trato que los medios que sí cumplen con las leyes.

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