Hace pocos días fui al IMSERSO y a las oficinas del INGESA para ver si podía solucionar un problema en Melilla: Se trata en concreto, de un familiar adulto que padece dislexia y discalculia y me gustaría que le trataran, pues veo con claridad cómo por culpa de este trastorno neuronal sus calificaciones escolares son infravaloradas, aunque aprueba todas las asignaturas. La respuesta que me han dado las instituciones estatales es que solo cubren los problemas de los menores de dieciseis años, o sea, aquellos alumnos que están en edad escolar obligatoria… Lo demás, son problemas que se deben tratarse por lo privado y en lo que atañe a la enseñanza, debe de dejarse en manos exclusivamente del orientador educativo que en España carece de especialización específica para ello.
Yo, a veces me pregunto muchas cosas sobre el Estado de Derecho y creo que Éste debe ser compatible e incluso estar implicado en el Estado del Deber. Desde mi perspectiva, todo ciudadano que gozando de sus derechos, cumple con sus deberes, aunque dicho Estado no le obligue, debe ser recompensado, o al menos tratado de igual manera. Es decir: Si la enseñanza hasta los dieciséis años es obligatoria en este país y una persona que por circunstancias concretas, probadas y claras no haya podido estudiar en su juventud y pasada su edad de veinticinco años "desee" tener ese nivel académico, sin que el Estado se lo exija. El Estado "debe" al menos ofrecerle los mismos derechos que a un joven obligado a estudiar. Porque precisamente ese espíritu humano ha generado en sí mismo el deber de cumplir con el Estado de Derecho, y eso, desde mi punto de vista, es algo meritorio.
La dislexia es un problema que padecen de forma reconocida, en mayor o menor medida entre el once y el quince por ciento de nuestros escolares y sobre ella, a nivel educativo, hay un desconocimiento casi total, y lo mismo digo de su tratamiento, que en nuestro país es prácticamente "nulo". Por lo que sospecho que el alto fracaso escolar y el bajo nivel de nuestra enseñanza podría estar relacionado con la falta de preocupación de nuestros agentes sanitario-educativos en lo referente a los trastornos neuronales infantiles y juveniles, más que con la aparente pereza de nuestros alumnos o con el actual sistema de enseñanza en sí mismo.
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La dislexia y el estado de derecho
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