La credibilidad del reino, en juego

La credibilidad del Reino de España respecto a las malas prácticas del rey que fue (Juan Carlos I), de inexorable afectación al rey que es (Felipe VI), pasa por el desempeño de la Fiscalía del Tribunal Supremo en el proceso indagatorio abierto al llamado rey emérito después de que nos hubiera madrugado la Fiscalía del cantón suizo de Ginebra.
Si esa investigación acaba en la nevera, por interpretación de la "inviolabilidad" más favorable al ex rey, por prescripción de los presuntos delitos, o por cualquier otro burladero jurídico, tendremos dos problemas de credibilidad. Uno, el de la institución monárquica que, hoy por hoy, goza de un amplio respaldo social. Otro, el del propio sistema.

Respecto a la Corona, la ciudadanía necesita en estos momentos más que nunca saber que van a serio los compromisos de ejemplaridad, transparencia y rigor, pregonados por Felipe VI en su discurso de proclamación, tras la abdicación de su padre en junio de 2014. No basta con marcar distancias, como ya ha hecho la Casa Real.

Se echa de menos la voluntad firmemente expresada de colaborar con la Justicia y no obstaculizar cualquier vía parlamentaria que legítimamente quiera depurar eventuales responsabilidades políticas en lo ocurrido desde que el rey saudí donó 100 millones de dólares a don Juan Carlos (2008), hasta que once años después supimos por un fiscal suizo y un periódico inglés (2019) que esos 100 millones de dólares se habían convertido en cien millones de insultos al pueblo soberano.

Y respecto al sistema democrático que regula nuestras relaciones con los poderes públicos, la ciudadanía necesita en estos momentos más que nunca saber que los poderes del Estado se toman en serio el sagrado principio de la igualdad de todos ante la ley. Mal empezamos si la vigente titularidad de esos 100 millones de dólares, la de Corinna Larsen, sirve para exculpar a don Juan Carlos de un descarado caso de prolongada ocultación de dinero a la Hacienda Pública española, camuflado tras una sociedad instrumental en un paraíso fiscal.

Eso ocurrió en 2012. Coincidiendo con una ley de amnistía del Gobierno Rajoy que daba facilidades para que aflorase el dinero oculto de los contribuyentes españoles. Y fue en ese momento -qué casualidades más casual-, cuando el emérito decidió ocultar esos dineros en el dulce regazo de su amiga Corinna. Por gratitud, dice ella, porque a ella y a su familia no les faltase nunca de nada. Pero creer eso es, salvando las distancias, como creer que Trump ha ganado el premio Nobel de Literatura, o que el vicepresidente Iglesias Turrión ha ingresado en un psiquiátrico para hacerse una cura de humildad.

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