El Consejo de Gobierno ha decido trasladar a Fiscalía la advertencia de ilegalidad que formula el Tribunal de Cuentas sobre 67 facturas impagadas por el anterior Gobierno a Eulen “por no estar suficientemente justificadas” con un coste que supera los 220.000 euros y que, según el portavoz del Ejecutivo local, es una muestra de los seis millones de euros en facturas impagadas que “han aparecido en los cajones”. El consejero Hassan Mohatar, que un ejemplo de la “situación que hemos estado viviendo con el Gobierno anterior en los últimos años” es que el Tribunal de Cuentas ha realizado una advertencia de irregularidad sobre 67 facturas impagadas a la empresa Eulen que “no estaban suficientemente justificadas”.
La empresa ha reclamado el pago de estos servicios facturados y que se elevan a unos 220.000 euros, y el Ejecutivo local ha decidido elevar este asunto a la Fiscalía y personarse como acusación, porque “no se puede permitir que salgan indemnes cuestiones que durante muchos años se ha estado permitiendo por el Gobierno anterior”.
Asevera que existen facturas por valor de seis millones de euros impagadas que “han aparecido en los cajones” y aunque no duda que se deba a servicios prestados que haya que abonar, lo que sí denuncia es “la forma en la que se han contratado: sin criterio, sin legalidad, sin expedientes armados, y sin la firma del interventor o los técnicos”.
Mohatar explicó que cuando un proveedor presenta una factura, “aunque no haya expediente, si se demuestra que se ha hecho el servicio, estamos obligados a pagar, porque el agraviado puede ir a la justica”, con lo que el desembolso de las arcas públicas sería mayor porque habría que sumar “los intereses”.
Asevera que esta ha sido la tónica del Gobierno del PP, “que hay muchas facturas no justificadas, sin visto bueno de los técnicos o el interventor, y esas facturas son un problema, porque hay que pagarlas, y lo que hay que hacer es pedir responsabilidades a través de la justicia de la forma en la que se han realizado estas contrataciones”.
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