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El Gobierno local ha empezado a trabajar en la regularización de más de mil viviendas que han sido construidas de forma ilegal en los distritos IV y V de la ciudad, donde se asientan los barrios periféricos, que abarcan un 20% de la superficie total de Melilla y un 25% de su población. Según explicó ayer el consejero adjunto a la Presidencia, Javier González, la regularización catastral que ha llevado a cabo la Ciudad Autónoma cifra en 990 los edificios que se encuentran en esa situación, ya que solo se ha podido comprobar el propietario del suelo, pero no del alzado. González explicó que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1995 ignoró las viviendas que habían sido construidas en esos barrios, sin que ningún gobierno desde entonces haya hecho nada por su regularización, a excepción del barrio de Los Pinares. No ha sido hasta que el Gobierno actual comenzó a revisar el PGOU hace unos años cuando se definieron los solares, los espacios libres, los viales públicos y las zonas de servicio de esos barrios, elementos “obligatorios” para definir el suelo urbano y poder hacer una actuación directa.
El consejero subrayó que esto ha sido “un paso de gigante” porque se ha podido crear suelo urbanizable, necesario para construir más viviendas en aquellos barrios, donde se realojarán a los habitantes de los inmuebles que será necesario derribar por estar situados en lugares donde se prevé la construcción de viales para garantizar el acceso de servicios públicos.
Solución para todos
“Este Gobierno no piensa tirar ninguna vivienda sin solucionar el problema de quienes viven en ellas”, aseveró el consejero, que apuntó que una vez se defina el PGOU, el siguiente paso en la regularización será ver la propiedad del suelo donde se asientan las viviendas irregulares, que es de Defensa, el Estado y la Ciudad Autónoma.
Ante esta situación, el Gobierno melillense ha hecho gestiones para firmar dos convenios, uno por el cual el terreno del Ministerio de Defensa pasará a la Ciudad Autónoma, y otro de gestión para que esta institución se encargue de llevar a cabo la regularización de dos barrios concretamente, Reina Regente y la Cañada de Hidum.
Por el momento, la Ciudad Autónoma ha llevado a cabo una regularización catastral de todos los edificios ubicados en esos dos barrios, 990 concretamente, que figuran en el Catastro como “propietario desconocido”, ya que únicamente se ha podido comprobar el propietario del suelo, pero no del alzado.
Esta regularización catastral permitirá que el Gobierno sepa con cuántos edificios se encontrará a la hora de regularizar las viviendas ilegales cuando esté aprobado el PGOU, dijo González, que envió ayer dos escritos a las consejerías de Seguridad Ciudadana y Fomento para evitar que se produzca un efecto llamada.
La Ciudad Autónoma ha tasado también el precio que cobrará y la forma de venta en estos terrenos, proceso que ya se está haciendo en zonas como el Barrio de la Libertad, de modo que los propietarios de viviendas ilegales puedan regularizar su situación adquiriendo el terreno a la Ciudad Autónoma. También hará un levantamiento topográfico para definir las anchuras de las calles, las pendientes y las rasantes.
El consejero afirmó además que este procedimiento conllevará derechos y obligaciones, ya que los dueños de viviendas construidas de forma ilegal podrán tener la propiedad del terreno y el alzado, con posibilidad de venderlas o de someterlas a herencias, pero tendrá que tramitar la documentación obligatoria, como es el caso de la cédula de habitabilidad o la licencia de primera ocupación, así como el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Cimientos sólidos
González reconoció que se trata de “un trabajo muy largo”, que abarcará “muchos años” de gestión. No obstante, consideró que la gestión que se está haciendo desde la Ciudad Autónoma está permitiendo hacer unos “cimientos sólidos” en este proceso de regularización para que “no se lo lleven las tempestades”.
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