La Ciudad tarda casi 32 días en pagar a los proveedores, por encima del máximo que marca la Ley

La Ciudad Autónoma ha cerrado el año 2019 con una demora media de 31,78 días a la hora de pagar las facturas a sus proveedores. El dato es bastante mejor que el que cosechó el Gobierno tripartito de Coalición por Melilla (CPM), PSOE y Ciudadanos (Cs) en el segundo trimestre de 2019, cuando dicho periodo medio se situó en 41,31 días, aunque sigue situándose en casi dos días por encima del límite establecido por la Ley, lo que impedirá que la Administración local pueda desarrollar inversiones financieras sostenibles con cargo al superávit, tal y como había venido haciendo el Gobierno anterior en los dos últimos años.

El presidente melillense, Eduardo de Castro, dio por encima el dato del periodo medio de pago a proveedores en el último Debate del Estado de la Ciudad, cuando afirmó que estaba en 31 días. No ha sido hasta ahora cuando la web de la Ciudad Autónoma ha publicado el informe, que revela que esa tardanza está más cerca de los 32 días que de los 31.
Este dato es peor que el que dejó el anterior Gobierno del PP en el segundo trimestre de 2019, cuando la Ciudad Autónoma tardaba una media de 26,78 días en pagar las facturas, por debajo del plazo máximo legal, situado en 30 días. El primer trimestre de 2019 también era inferior, 27,47 días, exactamente.

Por entidades
En sus informes, la Ciudad Autónoma ofrece un cuadro detallado por entidades, en el que algunos de los organismos autónomos también se sitúan fuera de la legalidad a la hora de afrontar el pago de las facturas.
El que más es el Instituto de las Culturas, que paga en un plazo medio de 110,17 días, seguido por la Fundación Melilla Monumental, cuyo periodo medio de pago es de 51,78 días, y el Patronato de Turismo, que paga en una media de 44,88 días. La Ciudad Autónoma, que abarca el Gobierno con sus consejerías, tarda 32,90 días.
Todas estas entidades sobrepasan lo que dice la Ley, que fija desde 2013 unos plazos máximos de pago en las operaciones comerciales de 60 días en el caso de la empresa privada y de 30 días en el caso de las Administraciones Públicas, a contar a partir de la entrega de los productos o prestación de los servicios.

Adiós a las inversiones financieras sostenibles en 2020

Melilla se quedará este año sin nuevas inversiones financieras sostenibles, es decir, las obras extra que la Ciudad Autónoma acomete con cargo al superávit, tras haber terminado el año por encima de los 30 días que establece la ley como máximo para pagar a los proveedores.
El anterior Gobierno consiguió cumplir ese plazo y en los dos años anteriores pudo llevar a cabo un buen número de proyectos como inversiones financieras sostenibles. En concreto, destinó 15 millones en 2018 con cargo al superávit de 2017, y 16 millones en 2019, que abonó con el superávit de 2018.

Acceda a la versión completa del contenido