La Ciudad sobrepasa en 50 días el plazo que da la Ley para pagar a los proveedores

La Ciudad Autónoma va mejorando en el pago a los proveedores al acabar el año 2017 recortando en 10 días el periodo medio con el que lo empezó. Pese a todo, con los 80,22 días de media con los que cerró el cuarto trimestre del año pasado, la Administración local sigue muy por encima de los 30 días que establece la Ley de Morosidad para el sector público: 50,22 días, concretamente. Según los informes publicados por la propia Ciudad Autónoma, la media de pago al inicio del año era de 90,32 días, tres veces más de lo permitido por la ley. Este dato, del primer trimestre, llegó incluso a empeorar en el segundo, al registrar una media de 91,55 días, el peor dato de todos los informes que ha colgado en los últimos años. Muy lejos de la media de tardanza que tenía la Administración melillense en el primero que publicó, que corresponde al tercer trimestre de 2014, que era de 15,32 días.
En la segunda mitad de 2017, la situación empezó a mejorar. Así, en el tercer trimestre, la media fue de 87,15 días, y en el cuarto, el periodo de 80,22 días anteriormente mencionado.
En sus informes, la Ciudad Autónoma ofrece un cuadro detallado por entidades, en el que algunos de los organismos autónomos se revelan como morosos con mayúsculas. El que más es la Fundación Melilla Monumental, presidida por Maribel Pintos, que paga en un plazo medio de 285,29 días. Las empresas que trabajan para ella tienen que esperar nueve meses y medio para cobrar, muy por encima de los 30 días que establece la Ley. Pero no es la única que lo hace. El Patronato de Turismo paga en una media de 126,63 días. Y la Ciudad Autónoma, que abarca el Gobierno con sus consejerías, 79,97 días.
Todas estas entidades sobrepasan por mucho lo que dice la Ley, que fija desde 2013 unos plazos máximos de pago en las operaciones comerciales de 60 días en el caso de la empresa privada y de 30 días en el caso de las Administraciones Públicas, a contar a partir de la entrega de los productos o prestación de los servicios.

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