La Ciudad Autónoma de Melilla ha solicitado a sus servicios jurídicos y a Intervención que emitan un informe sobre si es legal que esta administración pública acepte los incrementos retributivos que pidió ayer la Policía Local en una concentración de varios sindicatos ante el Palacio de la Asamblea. A preguntas de los periodistas, el consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, Daniel Conesa, señaló que el Gobierno melillense tiene “el máximo respeto” hacia la concentración que han desarrollado los agentes de Policía Local porque “tiene todo el derecho” a hacerlo, “como cualquier colectivo profesional o ciudadano”.
Sin embargo, señaló que grosso modo, las reivindicaciones de este cuerpo de seguridad se basan en “importantes incrementos retributivos, con cambios de niveles profesionales”, y “la Administración no puede de manera graciable adoptar decisiones de ese tipo que tienen implicaciones legales y presupuestarias”.
Conesa recordó que la plantilla de la Policía Local está formada por más de 200 agentes, pero en la Ciudad Autónoma hay otro millar de funcionarios que “seguramente dirán por qué ellos sí y otros no”.
Además, apuntó que “la gente de la calle no entendería que a los empleados públicos se les incrementara de manera un tanto exagerada determinado tipo de retribuciones, mientras a los trabajadores del sector privado no”.
Abiertos a hablar
Según el consejero, en este asunto hay “muchas variables”, razón por la que la Ciudad Autónoma ha solicitado esos informes porque, aunque desde el Gobierno local están “abiertos a hablar”, quieren tener “la certeza de cuál es el margen de negociación que la Administración tiene”.
Afirmó que, “con los informes en la mano”, el Gobierno actuará intentando negociar y llegando a un acuerdo que sea satisfactorio para todos, al tiempo que destacó la profesionalidad de los agentes de la Policía Local de Melilla, lo cual “no implica que ante cualquier demanda se pueda decir sí a las bravas”.
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