La Ciudad Autónoma de Melilla garantiza la continuidad del servicio de vigilancia privada a pesar de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales haya suspendido el nuevo contrato de vigilancia privada e, valorado en 27 millones de euros por, según denunció Somos Melilla, porque la empresa SURESTE SEGURIDAD S.L. ha presentado «documentación incompleta o falsa» y, por lo tanto, no cumpliría los requisitos legales.
El presidente del Gobierno local, Juan José Imbroda, ha afirmado que este tribunal está “para resolver estos casos” y que “la ley está hecha para esto”. Así, confía en que para el mes de diciembre se resuelva esta cuestión “y dirá el tribunal lo que hay que hacer”. “Estaremos a lo que digan ellos”, afirma.
Mientras tanto, explica que el actual contrato de seguridad privada se va prorrogando hasta que no se resuelva el concurso. “Si lo gana se queda y, si no, pues se va”, razona.
La formación localista Somos Melilla denunció “graves irregularidades” en el procedimiento de adjudicación y supuestas falsedades y omisiones relevantes por parte de la empresa propuesta para adjudicación.
“Ni planificaron a tiempo, ni garantizaron un proceso limpio, ni tuvieron en cuenta las alertas que se lanzaron desde la oposición ni desde los sindicatos. Hoy la seguridad en Melilla queda en el aire porque el Gobierno no ha sabido hacer un buen trabajo”, denunció su presidente y único diputado en la Asamblea, Amin Azmani, que ha exigido responsabilidades políticas al Gobierno local por esta cuestión.
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