La Ciudad dice que la desaladora “no tiene solución administrativa” por la inacción del Gobierno central

La Ciudad Autónoma aseguró ayer que la futura gestión de la planta desalinizadora de agua, de la que depende la mitad del suministro diario en Melilla, no tiene solución administrativa debido a la inacción del Gobierno central, que no ha realizado los trámites necesarios en los plazos que marca la Ley ante el fin del contrato en junio.

En rueda de prensa, el consejero de Coordinación y Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, insistió en que el contrato de gestión actual finaliza el 6 de junio y, debido a que el Gobierno socialista “no ha hecho nada”, al final será necesaria una solución “absolutamente extraordinaria con un Gobierno en funciones”, dado el adelanto electoral.
Lamentó que se haya llegado a esta “grave situación administrativa” a pesar de las advertencias de la Ciudad Autónoma de que se echaban los plazos encima, lo que al final hará necesario que el Gobierno saque “un plan D” por ser ya imposibles los A, B y C que estaban contemplados para la adjudicación de la gestión de la desaladora y su necesaria ampliación.
Quevedo explicó que el plan A que tenía el anterior Gobierno del PP era hacer un contrato de un año y medio para la explotación y, a su vez, la ampliación de la planta desalinizadora, que entraría en vigor el 7 de junio de 2019, lo que requería que su licitación se llevara a cabo entre septiembre y octubre de 2018.
Con el cambio de Gobierno en junio, dado que no se llevó a cabo ninguna tramitación, ese plan no fue posible y había que “pasar al plan B”, que era hacer un contrato puente solo de explotación para que arrancara el 7 de junio con una duración de 8 meses, prorrogables por otros 8, cuya adjudicación tendría que haberse llevado a cabo antes de diciembre de 2018.
El consejero criticó que la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, se refiriera a esta opción como una posibilidad en febrero de este año, a pesar de que no era posible por no estar elaborados los pliegos de este “contrato puente”, ni tampoco los informes del Abogado del Estado y de lntervención, ni el convenio con la Ciudad Autónoma.

Una prórroga “imposible”
Quevedo apuntó que todo ello hace necesario recurrir al plan C, que es llevar a cabo una prórroga forzosa del contrato actual, firmado en 2003, debido a la importancia que tiene para la ciudadanía melillense seguir recibiendo los 20.000 metros cúbicos de diarios de agua en la red de suministro. Sin embargo, dejó claro que no se cumplen dos de las tres condiciones establecidas por Ley para ello.
En concreto, señaló que no se podría prorrogar el contrato actual porque no se trata de un “acontecimiento imprevisible”, ya que “aquí lo que ha habido es una absoluta dejadez” por parte del Gobierno, ni tampoco se cumple el requisito de publicar el nuevo pliego con una antelación mínima de tres meses, plazo que expiraba el 7 de marzo.
Por todo ello, Quevedo dejó claro que “administrativamente, esto ya no tiene solución” y negó que desde la Ciudad Autónoma se esté “crispando y alarmando”, como dijo la delegada del Gobierno, a la que instó a “no disparar al mensajero, sino a quien de verdad no está haciendo nada”, puesto que considera esta actuación “de una temeridad absoluta”.

“No es asustar”
“Esto no es asustar. Es advertirle de que va la cosa muy mal y tienen que tomar una medida que no está contemplada en ninguna Ley, que tendrá que ser absolutamente extraordinaria y con un Gobierno en funciones o tomando posesión”, puntualizó Quevedo para argumentar la preocupación de la Ciudad Autónoma sobre este asunto.
El consejero, que admitió que lo que está ocurriendo le tiene “totalmente alarmado”, consideró que la postura de la delegada es de “no tener ni idea” y “de una absoluta irresponsabilidad”, máxime cuando, según dijo, el anterior Gobierno del PP proyectó y presupuestó la ampliación de la desaladora, y llevó a cabo la autorización ambiental.
En cambio, el Gobierno actual “no ha hecho nada”, salvo remitirle el pasado jueves día 7 un borrador del pliego del contrato puente que, según Quevedo, no se podrá tramitar porque “a partir de diciembre es imposible”, además de que contiene errores sobre los que 48 horas después la Ciudad Autónoma ya ha advertido por escrito a la Dirección General del Agua.
Por ello, instó a la delegada del Gobierno a que “se ponga a trabajar” porque “es la que tiene la responsabilidad de que esto salga adelante y de que la Dirección General del Agua haga algo en relación a la planta desaladora”, dado que su inacción desde junio ha llevado este asunto a una “situación límite”.

“Nadie ataca a la delegada del Gobierno por ser mujer ni joven”

Quevedo puntualizó que “nadie ataca a la delegada del Gobierno por ser mujer ni joven”, como afirmó Sabrina Moh en una entrevista con motivo del Día de la Mujer. El consejero apuntó que Moh “tiene los mismos medios, asesores, chóferes y casa” que su antecesor, el popular Abdelmalik El Barkani, al que “no se le oyó decir que se le atacaba por ser musulmán y médico”.

Acceda a la versión completa del contenido