El Gobierno de Melilla defendió ayer su actuación en la adjudicación del contrato de socorrismo en las playas, sobre el que ha iniciado un expediente de nulidad de pleno derecho tras un informe de los servicios jurídicos, e insistió en que “se hizo transparente, limpio y clarito”.
La vicepresidenta primera de la Ciudad Autónoma, Gloria Rojas, argumentó que, pese a que en los contratos por emergencia no hay obligación de pedir ofertas, el Gobierno local lo hizo ofreciendo el servicio a las cuatro empresas que se habían presentado a la licitación del contrato mayor, que fue paralizada por un recurso.
El servicio se adjudicó a la empresa que ofertó el precio más bajo, “que es lo que se requería en ese momento”, y esta “presentó un aval” por el cual aseguraba tener capacidad para obrar y solvencia profesional.
Sin embargo, un informe de los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma ha señalado que, en el momento de la adjudicación, esta empresa “no tenía capacidad para obrar”, algo que logró desde el 21 de junio, pasados varios días del inicio del contrato, por lo que se ha iniciado un expediente de nulidad de pleno derecho.
Rojas admitió que, pese a ello, “probablemente” esta empresa termine el mes que queda de vigencia del contrato, ya que las empresas que quedaron en segundo y tercer puesto en el proceso de licitación se han negado a hacerse cargo del contrato debido al poco tiempo que queda de duración y “el servicio debe seguir prestándose en plena temporada de playa”.
La vicepresidenta no quiso responder a las críticas y acusaciones del PP respecto a que ya venía advirtiendo de esta situación en junio. Únicamente insistió en que todo “se hizo transparente, limpio y clarito” y el Gobierno ahora “se ha encontrado con esta situación”.
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