La Ciudad cambia el plan de gestión de residuos de Melilla para incluir el quinto contenedor

La Asamblea de Melilla ha dado luz verde a una modificación del Plan Integrado de Gestión de Residuos de Melilla (Pigremel) para incluir las nuevas directivas europeas en la materia, entre ellas, la instalación de un quinto contenedor para la recogida separada de biorresiduos y materia orgánica.

Este asunto ha salido adelante este jueves con los votos a favor de todos los grupos políticos de la Asamblea, a excepción del PP, que había pedido sin éxito que el asunto se quedara sobre la mesa a la espera de estudiar si la instalación de una planta de biogás es rentable desde el punto de vista medioambiental y buscar una solución al problema de las escorias.

El consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Hassan Mohatar, ha dicho no entender el posicionamiento del PP ni tampoco qué es lo que iba a votar en contra o qué querían dejar sobre la mesa, ya que ha insistido en que estos cambios responden a normativas europeas recientes que no han podido ser implantadas hasta ahora.

Una de ellas, que ha abarcado gran parte del debate, es la instalación del quinto contenedor, sobre el que ha recordado que será obligatorio por ley desde enero de 2023 y dentro de poco saldrá a licitación abierta para su adquisición, para lo que el Ministerio de Transición Ecológica aportará 400.000 euros.

La Ciudad Autónoma, que “no va a poner un duro” para ello, pedirá al Ministerio una prórroga para la instalación del quinto contenedor, al igual que ya han hecho otras autonomías, tal y como ha anunciado el consejero.

Sin embargo, el PP ha incidido en los problemas que supondrá la instalación de estos 350 nuevos contenedores en la vía pública de Melilla y la mayor contaminación que supondrá su recogida, por lo que ha dejado claro que no se podrán poner “hasta que no haya una planta de biogás” en la ciudad.

“Ya le digo yo que no habrá porque no es rentable”, ha pronosticado el diputado del PP Manuel Ángel Quevedo dejando clara la postura de su partido de que, si se comprueba la viabilidad medioambiental de dicha planta, habría que ir “adelante todos” hacia esta solución, tanto desde el ámbito público como desde el privado.

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