La Ciudad Autónoma de Melilla implementará una serie de medidas para mejorar la eficacia en los procesos de oposición para el cuerpo de Bomberos y Policía Local tras las recientes sentencias judiciales que han afectado a ambos cuerpos. A saber, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Melilla anuló la plaza a la única mujer que ha conseguido aprobar las oposiciones en la historia de los Bomberos de nuestra ciudad, concretamente en el año 2017, y que la Ciudad Autónoma ha decidido no recurrir.
Una semana después, el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 anuló la plaza a un policía local que tenía antecedentes penales en el momento de registrar la solicitud de la oposición.
Entre las medidas que ha desgranado en el Pleno de Control de la Asamblea de Melilla la consejera de Presidencia, Administración Púbica e Igualdad, Marta Fernández de Castro, destaca la creación de una comisión permanente, un nuevo manual de instrucciones, la formación de funcionarios en materia de tribunales o la colaboración con la Junta de Andalucía.
No obstante, Fernández de Castro ha defendido a los funcionarios de la Ciudad Autónoma que constituyen los tribunales de la oposición y ha rechazado las “insinuaciones sobre la falta de imparcialidad”, ya que asegura que se trabaja “con transparencia”.
Así, la popular ha afeado al anterior Gobierno de coalición formado por CPM, PSOE y Eduardo de Castro que no recurriese una sentencia judicial que afectaba a la oposición de la Policía Local cuando en el informe de los servicios jurídicos argumentaban que existían “motivos fundamentados suficientes para la presentación de recursos de apelación y, por la que, de momento, por vía extensión de sentencia llevan entrando seis policías”; y otra “cuya argumentación se sustentaba en un informe de parte recurrible a todas luces que motivó la entrada de otro policía local”. Ambas del 2022.
No obstante, tanto el PSOE como Somos Melilla coinciden en que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que anula la plaza a la bombera es “demoledora porque dice que hubo cambios en los modelos del proceso selectivo en medio del procedimiento y trato de favor a una opositora y falta de transparencia en la comunicación de los criterios de evaluación”.
“Es un hecho gravísimo”, denuncian.
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