El Palacio de la Asamblea es un edificio emblemático en Melilla.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla ha sacado a licitación la contratación de detectives privados con el fin de obtener información y pruebas que verifiquen la existencia o no de posibles “actividades incompatibles” con la situación de los empleados públicos de la Ciudad.
Según las cláusulas del contrato, al que ha tenido acceso este Diario, se trata de un contrato menor por un valor estimado de 14.950 euros. Incluye un precio unitario de 500 euros por jornada completa de investigación -8 horas-, e incluye desplazamientos, elaboración del informe y entrega de material fotográfico o videográfico. Asimismo, se contempla la posibilidad de media jornada por 250 euros y otros 250 por asistencia a tribunales o ratificación judicial.
Según el contrato, la media de dedicación por expediente de investigación se estima en tres jornadas completas o su equivalente en medias jornadas, ajustando el número de expedientes a tramitar para alcanzar el importe total del contrato.
El motivo principal que ha impulsado al Gobierno local a sacar este tipo de contrato reside en el absentismo laboral en la Ciudad Autónoma, que duplica la media nacional.
Según el Ejecutivo regional, mientras que el porcentaje de absentismo a nivel nacional se sitúa en el 7%, abarcando tanto al sector público como al privado, en la Ciudad Autónoma la cifra es “significativamente superior”, alcanzando el 15%.
En efecto, del total de 1.340 empleados públicos dependiente de la Ciudad Autónoma, 192 se encuentran en situación de “incapacidad temporal no derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional, y nueve en situación derivada de contingencias profesionales, lo que supone un total de 201 empleados en situación de incapacidad temporal”.
Comisiones Obreras (CCOO) ha mostrado su rechazo a la contratación de detectives privados por parte de la Ciudad Autónoma para investigar las bajas por incapacidad temporal en los empleados públicos de la Ciudad, que se sitúa en el 15%, una cifra que duplica la media nacional (7%) .
El sindicato ha avisado que esta medida, “lejos de contribuir a mejorar la gestión interna o reducir el absentismo, supone un grave error institucional que afecta a la imagen del personal municipal, cuestiona injustificadamente a los profesionales sanitarios y evidencia una ausencia absoluta de políticas reales de prevención y bienestar social”.
Para CCOO, esta práctica proyecta “un mensaje demoledor hacia toda la plantilla, puesto que se sospecha de forma generalizada de cada trabajador o trabajadora”, e implica una “desautorización implícita hacia los médicos que emiten los partes de baja”.
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