La Comisión Islámica ha pedido para el año 2020 un gobierno estable que atienda sus peticiones como una casilla del 0,7% del IRPF, igual que la de la Iglesia Católica, tras un año de "inmovilismo" por la falta de ejecutivo y cargado de declaraciones políticas contra el Islam, según denuncian los musulmanes. "Hay declaraciones de políticos sobre la enseñanza religiosa que están haciendo daño, que demuestran la ignorancia de los políticos y que están generando confusión entre la comunidad musulmana y en la sociedad en general", ha lamentado el presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), Riay Tatary. Riay Tatary, en concreto, ha criticado que haya políticos que digan que "se está imponiendo el Islam" o "que el Islam invade". Estas declaraciones contra el Islam, según ha apuntado Tatary, "están haciendo daño a la convivencia" y, por ello, ha pedido "cuidar los términos". Tatary ha destacado del año 2019 "la falta de estabilidad política", que ha dejado "colgados" no solo a los musulmanes españoles sino "a todos los ciudadanos".
"No se ha formado un gobierno y, por tanto, todo está colgado, no se pueden modificar o desarrollar algunas que otra materias en el acuerdo de cooperación, la respuesta es siempre que no hay gobierno, esto nos ha dejado colgados", ha enfatizado.
Ante esta situación, Tatary pide para el año 2020 que el nuevo gobierno que se forme atienda sus peticiones como la inclusión de una casilla del 0,7% en la Declaración de la Renta para los musulmanes –como la de la Iglesia Católica–; o la modificación del Real Decreto que afecta a la seguridad social de los imanes. Asimismo, pide "velar mucho" por el derecho a la libertad religiosa en España que es "una referencia en todo el mundo". El presidente de la CIE también ha destacado del año que ha terminado el hecho de haber tenido "el reconocimiento de casi un 80% de los musulmanes" después de la reestructuración de la Comisión Islámica de España.
Por su parte, la FEREDE considera que el 2019 ha sido "un año perdido para cualquier avance" en el desarrollo de los Acuerdos de Cooperación, debido a la situación política en España. "Este inmovilismo supone en la práctica un retroceso en términos relativos, como sucede siempre que se demora indefinidamente la concreción de derechos reconocidos que no se pueden ejercer de manera real y efectiva", han precisado.
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