A última hora de la noche, el Gobierno que preside Juan José Imbroda comunicaban que la Policía Local, a instancias de la Consejería de Políticas Sociales de Melilla, ha trasladado la noche del jueves a un hotel a las once personas acampadas a las puertas del CETI, a las que la Delegación del Gobierno que dirige Sabrina Moh -como máxima responsable del Ejecutivo Central en este territorio- les niega la entrada desde hace días.
El Ejecutivo local ha explicado que aunque la Ciudad Autónoma no tiene competencias en sus peticiones, “por una cuestión de dignidad y solidaridad se ha decidido darles protección y una habitación donde resguardarse, tras las intensas lluvias de esta tarde” de jueves.
Se trata de un gesto humanitario importante por parte del Gobierno local, sobre todo teniendo en cuenta que la Delegación del Gobierno está incumpliendo su deber de garantizar la acogida de estos migrantes en el CETI. No se trata solo de un acto de solidaridad, sino también de dignidad y respeto a los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo.
El hecho de que se les negara la entrada al CETI y tuvieran que pasar días en la calle, bajo la lluvia, es preocupante y contrario a los compromisos internacionales de España en materia de asilo. Desde el pasado domingo, varios migrantes llevan acampados en las inmediaciones del CETI. Según han explicado fuentes cercanas a estas personas, desde el jueves pasado, día en el que se implementó la cita online para solicitar asilo en Melilla, el centro les ha denegado el acceso, al no poder iniciar trámites de asilo o protección internacional por esta vía, que es la única disponible en la ciudad en estos momentos. Los migrantes provienen de América del Sur y de Mali, y han llegado desde la península debido al colapso de citas allí.
La actuación del Gobierno central en este caso es muy cuestionable, y las críticas tanto del Colegio de Abogados de Melilla como del propio Ejecutivo melillense están justificadas.
Más allá de esta solución temporal de alojamiento en un hotel, lo fundamental es que se respete el derecho de estos migrantes a recibir protección y asistencia durante el proceso de solicitud de asilo. Es un problema que requiere una respuesta estructural, no solo medidas paliativas.
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