La Audiencia ya no ve riesgo de fuga en el “caso de CPM” pero sí de destrucción de pruebas para no ponerlos en libertad tras casi dos meses en la cárcel

La instancia superior ya no hace referencia a la posibilidad de que puedan huir a Marruecos en moto acuática aunque mantiene que “concurre el riesgo de alteración de pruebas”

La Audiencia Provincial de Melilla ha admitido parcialmente el recurso presentado contra uno de los casos de prisión de caso CPM, al no ver ya riesgo de fuga por “su ascendencia marroquí”, pero acepta la objeción realizada por la Fiscalía a que sean puestos en libertad al apuntar que se puede producir un riesgo de destrucción de pruebas.

En el auto judicial al que ha tenido acceso MELILLA HOY, la instancia superior ha rechazado la petición de la puesta en libertad del primero de los cinco casos en los que se han presentado recursos contra los autos de prisión sin fianza decretados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla. Concretamente, en el de la ex consejera de Hacienda y actual diputada de CPM, Dunia Almansouri, a la que se ha denegado la puesta en libertad provisional porque, aunque la Audiencia ya no habla de posibilidad de que pueda huir en moto de agua ni embarcación a Marruecos, como apuntaba el auto de prisión del juzgado de instrucción, en cambio sí mantiene la posibilidad de destrucción de pruebas.

Esta decisión puede marcar el futuro de los otros cuatro cargos de CPM en la cárcel desde los días 5 y 6 de marzo de 2024, como son Mustafa Aberchán, en una cárcel de Cantabria; Mohamed Ahmed Al-lal en una prisión de Granada y Rachid Bussián y Hassán Mohatar en el Centro Penitenciario de Melilla.

En el auto judicial del recurso de Dunia Almansouri, la Audiencia Provincial ha admitido que “de acuerdo con lo expuesto y en atención a las circunstancias personales de la investigada no se aprecia riesgo de fuga, salvo el inherente en los momentos iniciales de la investigación en atención a la gravedad de las penas y que por sí solo justificaría la medida adoptada, conforme reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, que admite que al principio de la investigación la gravedad de la pena pueda constituir en un primer momento razón suficiente para afirmar un peligro efectivo y relevante de fuga”.

El ponente señala que “de acuerdo con la documentación aportada con el recurso consta que la investigada es de nacionalidad española y acreditado arraigo personal, familiar y profesional en Melilla, ciudad en donde vive junto con su familia”. Además, ha subrayado que “la investigada reside en Melilla, en el domicilio familiar, junto a su marido y cuatro hijos. Dos de ellos menores de edad. Profesionalmente ha trabajado durante 26 años como empleada de (…) y como Diputada de la Asamblea Local”.

Sin embargo, aunque ya no ve el mismo riesgo de fuga, la Audiencia rechaza su puesta en libertad porque “en coincidencia cronológica con la detención de la investigada y posterior prisión se practicó la entrada y registro en su domicilio y en el resto de los domicilios de los investigados, con intervención de soportes informáticos”.

“El Ministerio Fiscal considera que pueden arrojar nuevas evidencias que podrían abrir nuevas vías de investigación que podría ser frustradas de estar en libertad la investigada” ha indicado, al tiempo que destaca igualmente la “persistencia del secreto sumarial respecto de otras piezas de la Diligencias Previas”.

“En atención a todo ello, concurre el riesgo de alteración de medios de prueba como causa de justificación de la prisión provisional acordada” ha recalcado la Audiencia para denegar la libertad provisional de Dunia Almansouri, una suerte que podrían correr también los otros cuatro cargos de CPM en prisión desde el 5-6 de marzo.

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