La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado rechazar la pretensión de Fiscalía de que se archive la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Avala así la decisión del instructor, pero matiza que considera que no procedía decretar el secreto de las actuaciones.
Así consta en un auto de este tribunal, al que ha tenido acceso Europa Press, que responde al recurso de apelación que presentó a finales de abril la Fiscalía en el que, según fuentes fiscales consultadas, se pedía que se revocara el auto de 16 de abril por el que el juez Juan Carlos Peinado adoptó la decisión de abrir diligencias de investigación a raíz de la denuncia del sindicato Manos Limpias.
Esa denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, fue registrada por su presidente Miguel Bernad el pasado 9 de abril y en ella sostenía que Begoña Gómez, «prevaliéndose de su estatus personal, esposa del presidente del Gobierno de España, ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas».
Desde el sindicato aseguraban que uno de los empresarios «beneficiados por esas recomendaciones o avales» de Gómez es Carlos Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. «Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada», sostenían, y añadían que la cátedra de Begoña Gómez fichó además como profesor asociado a ese empresario.
Por otro lado, apuntaban que Víctor de Aldama, quien está investigado por la Audiencia Nacional como presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, era el contacto de Begoña Gómez en Globalia y ganó 6,67 millones antes de que se negociara «el rescate (…) de la compañía» Air Europa –filial de Globalia–. A esto suma que Air Europa «pactó pagar 40.000 euros al año al IE África Center de la denunciada» y que el acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para Begoña Gómez y su equipo.
El informe UCO
La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid llega después de que se haya levantado el secreto de la causa y tras conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha emitido un informe en el que descarta que haya vinculación de Begoña Gomez con el ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo que favoreciera el rescate de la aerolínea de la compañía por parte del Estado. También descarta que su intervención decantara adjudicaciones a empresas del empresario Juan Carlos Barrabés.
En el informe, que incluye el sumario de la causa a la que ha tenido acceso Europa Press, los agentes del Grupo de Delincuencia Económica 3 indican que el único elemento que vincularía objetivamente a Begoña Gómez con Globalia es el hecho de que coincidió con Hidalgo en dos eventos que tuvieron lugar en enero de 2020 en los que participaba la sociedad Wakalua –filial de Globalia–.
Por otro lado, la UCO, tras analizar los contratos públicos adjudicados a sociedades vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés, concluye que en los tres expedientes de la sociedad Innova Next con Red.es, que están en el foco de la investigación del juzgado, la empresa de Barrabés (o la UTE con la que participaba) obtuvo «la mejor puntuación» en criterios dependientes de juicio de valor, cuyo peso en el concurso era del 40%. En el apartado de criterios económicos (60%) no fue, sin embargo, la primera.
Los agentes explican, no obstante, que con la normalización de las puntuaciones y aplicando el porcentaje de peso de cada criterio, las dos UTE en las que estaba Innova Next obtuvieron la mejor puntuación en los cuatro contratos.
En el marco de la investigación el juez ha practicado ya una serie de diligencias: desde la toma de declaración a responsables de medios de comunicación en los que se publicaron las noticias en las que se basó la denuncia, hasta la petición a la UCO para que reclamase los expedientes de los contratos bajo sospecha al Consejo Superior de Deportes (CSD) o al Ayuntamiento de Madrid.
Por otro lado, ha trascendido que la Fiscalía Europea (EPPO) preguntó al juez Peinado si esta causa afecta a contratos suscritos con fondos europeos y ya analiza documentación del procedimiento para determinar si es competente para investigar. Así consta en un decreto del 26 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el órgano comunitario pide al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que le informe de los hechos que investiga y de si en el procedimiento «estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley», integrada por una sociedad propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés, a quien Manos Limpias señala como beneficiario de las «recomendaciones o avales» de Gómez.
Los fiscales delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate señalan en ese decreto que la Fiscalía Europea «podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia» para investigar dichos contratos si así lo estima pertinente, por los que solicita al juzgado que le remita la documentación oportuna.
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