La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga con sede permanente en Melilla ha desestimado la denuncia de 11 dirigentes de Coalición por Melilla (CPM), cuatro de ellos miembros del Gobierno regional, contra la exconsejera de Presidencia y Salud Pública, Paz Velázquez, por la polémica sobre el paso de borregos de Marruecos para la celebración del Aid El Kebir. Este tribunal ha desestimado el recurso de apelación presentado por todos ellos, que estaban representados en este caso por el mediático abogado Gonzalo Boye, que acusaban a la exconsejera y a un funcionario de la Ciudad Autónoma de presuntos delitos de prevaricación administrativa y desobediencia. Los dirigentes cepemistas interpusieron esta denuncia contra Velázquez por no conceder autorización en agosto de 2018 para que borregos de Marruecos fueran conducidos al matadero municipal días antes de la celebración de la Pascua Grande musulmana, lo que provocó la movilización de CPM en la frontera, donde algunos de sus dirigentes se encadenaron a un vehículo y otros cortaron el tráfico con una concentración.
En el auto, la Audiencia Provincial declara “mal admitido” el recurso de apelación de nueve de los denunciantes, ya que no solicitaron autorización para poder llevar estos animales al matadero para su sacrificio para celebrar el Aid El Kebir, y en el caso de los dos que sí pidieron permiso, desestima íntegramente el recurso.
“Se cierra el capítulo judicial”
Con este auto, contra el que no cabe recurso, Paz Velázquez afirmó ayer en rueda de prensa que “se cierra definitivamente el capítulo judicial de los borregos”, un asunto que provocó una gran polémica en la legislatura anterior y que, según insistió la exconsejera, actual diputada local del PP, fue utilizada por CPM para sacar rédito electoral.
Velázquez afirmó que con este auto, la Audiencia Provincial “ratifica la existencia de prevaricación administrativa” y demuestra que ella estaba en lo cierto cuando en el último año y medio ha defendido que había actuado acorde a los informes de los técnicos y de forma “muy escrupulosa” porque era consciente de que tenía a CPM “encima”.
“Todo fue una artimaña”, aseveró la exconsejera, que insistió en que siempre estuvo “muy tranquila” con su actuación y ahora, tras conocer el cierre del caso con la desestimación del recurso, tanto ella como el PP están “muy satisfechos” porque la sentencia “avala lo que hizo el Gobierno de Imbroda con los borregos” y da seguridad jurídica a su proceder.
“Nos va a venir bien para hacer pedagogía con los ciudadanos que se pudieron sentir agraviados”, agregó Velázquez antes de apuntar que su partido ya tuvo que salir a la calle a desmentir el “mensaje radical de CPM” que “caló en cierta parte de la población”, que estaba “como intoxicada” por la actitud cepemista.
“Preparado por CPM y PSOE”
La diputada popular incidió en que este asunto ayudó a CPM a subir hasta 8 escaños en las pasadas elecciones, ya que “estuvieron 4 años con este tema, plenamente conscientes de que les hacía aumentar el número de adeptos y simpatizantes”, y esta denuncia no fue más que “una maniobra”, algo “preparado” por CPM y PSOE contra el anterior Gobierno del PP.
Así, recordó que el PSOE, socio de CPM en el Gobierno de Melilla, lleva más de un año y medio en el Gobierno central, del que depende la frontera con Marruecos, por la que no han pasado borregos de Marruecos en las dos últimas pascuas, y avanzó que este año “ocurrirá lo mismo que en los años anteriores”.
Velázquez advirtió de que no dejará pasar esto y anunció que el archivo de este caso tendrá “consecuencias judiciales importantes”, ya que está decidida a denunciar al presidente de CPM, Mustafa Aberchán, y a los otros 8 que no estaban legitimados, según la Audiencia Provincial, por falsa denuncia.
La diputada popular recordó que esto “costará caro” a Aberchán porque ya tiene una condena de dos años de prisión por el caso voto por correo, pendiente de recurso en el Tribunal Supremo, por lo que instó a esperar “a ver cómo acaba” este asunto.
Además, insistió en sus críticas a CPM por contratar a Gonzalo Boye, “el abogado de Puigdemont”, para representarle en este caso con el objeto, a su juicio, de “mediatizar más si cabe la situación”. Por ello, volvió a preguntar cuánto le ha costado a CPM y le recordó que está condenado y actualmente investigado por presunto blanqueo de capitales.
