El informe de fiscalización de las cuentas del INGESA correspondiente al ejercicio 2016, recientemente publicado y aprobado por el Tribunal de Cuentas, arroja una serie de conclusiones preocupantes acerca de la presión asistencial que generan los extranjeros sobre los sistemas sanitarios de ambas ciudades autónomas. El informe destaca un aumento del 34,58% en el coste total de la asistencia a extranjeros en el periodo 2012-2016, y cifra la deuda generada en casi 105 millones de euros, de los cuales un 87% corresponden directamente a la prestación de asistencia a usuarios no asegurados. Además, destaca que el porcentaje de retorno de dicha deuda es irrisorio. El Informe de fiscalización de la actividad asistencial del INGESA en Ceuta y Melilla, correspondiente al ejercicio 2016, publicado a mediados de diciembre y recientemente aprobado por el Tribunal de Cuentas, revela datos preocupantes acerca de la presión asistencial que sufre nuestro Hospital.
El citado informe, en el que -entre otras cosas- se recogen los procedimientos de facturación del Instituto a las personas sin derecho a la asistencia sanitaria y otras obligadas a su pago, destaca el enorme impacto de la población extranjera en la carga asistencial del Hospital, dado que la Ley 16/2003 obliga a asistir a los extranjeros en las mismas condiciones que a los asegurados nacionales en tres casos concretos: las situaciones de emergencia, la asistencia al embarazo, parto y posparto; y la asistencia a menores de 18 años.
Gasto público
El coste económico por las asistencias sanitarias prestadas a personas no aseguradas en el INGESA, durante el período 2012 a 2016, experimentó un aumento del 34,58% (14.571.767,22 euros en 2016), un gasto prácticamente monopolizado por los urgencias, embarazadas y menores extranjeros.
El retorno de este gasto es mínimo, dado que, del dinero cobrado por el INGESA a los pacientes, únicamente el 0,73% (57.341,86 euros), procedía de cobros a personas no aseguradas (extranjeros).
El importe total de deuda pendiente de cobro, a 31 de diciembre de 2016, ascendió a 104.495.288,93 euros, correspondiendo la práctica totalidad de dicho importe (el 87,46%) a asistencia sanitaria prestada a usuarios sin derecho a la misma.
El Tribunal de Cuentas destaca en su informe concretamente la situación del colectivo de menores extrajeros. Según los datos, ninguna de las asistencias realizadas a estos menores no asegurados ha sido reintegrada económicamente, y la atención en las diferentes especialidades se ha disparado en relación a los datos asistenciales de años anteriores.
El sistema público de salud se queda entre el 6,6% y el 10% del PIB, es decir, más de 70.000 millones; se calcula que los españoles pagamos, de media, algo más de 1.560 euros anuales por la sanidad (cifra que contrasta con el significativamente menor gasto per cápita en educación, 950 euros, o en Defensa, 312 euros).
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