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La Asamblea de Melilla despidió ayer la legislatura con un último pleno de carácter extraordinario, declarado de urgencia para aprobar de manera definitiva la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IPSI de Importación y gravámenes complementarios aplicables al tabaco, ciertos carburantes y combustibles. La sesión plenaria se prolongó durante apenas seis minutos y no generó debate en ninguno de los cinco puntos que contenía el orden del día, quizá por el cierto sabor a despedida que se podía palpar en las bancadas, que después se materializó en los pasillos, con el intercambio de saludos entre los diputados de los diferentes partidos. El pleno de ayer tenía como principal objetivo aprobar de manera definitiva la modificación de la ordenanza que regula el IPSI de Importación y gravámenes complementarios aplicables al tabaco, ciertos carburantes y combustibles. Ya había recibido el visto bueno de manera inicial hacía justo dos meses, el 31 de marzo, si bien su aprobación definitiva se ha demorado más de la cuenta porque como dijo ayer el consejero de Economía y Hacienda en funciones, Daniel Conesa, este tipo de cuestiones cuentan con unos plazos administrativos muy largos y, además, ha coincidido la tramitación con la celebración de las elecciones autonómicas.
Cuatro alegaciones
En este caso, además, había recibido cuatro alegaciones durante el plazo de exposición pública, la mayoría presentadas por la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME) y particulares, promovidas por el grupo Populares en Libertad (PPL), que ya durante el debate de este asunto hace dos meses mostró su desacuerdo con varias cuestiones.
El Gobierno le respondió entonces que podrían ser analizadas si presentaban alegaciones, algo que ha ocurrido en las últimas semanas. De esta manera, Conesa vio “lógico” que justo en el último pleno de la legislatura, PP y PPL se pusieran de acuerdo en su voto a favor, al contrario de lo que ha sido la dinámica general de los últimos cuatro años. Coalición por Melilla (CPM) y PSOE, por su parte, se han abstenido.
Entre las cuestiones técnicas que se han modificado, se encuentra la bajada al mínimo del tipo impositivo para los colchones antiescaras, la ampliación de uno a cuatro años para reclamar la devolución del IPSI de importación en caso de que se exporte la mercancía, y la eliminación de una tasa de 30 euros por ejercer ese derecho.
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